Además de esta función genérica, en concreto le compete prestar asesoramiento jurídico a los órganos centrales de la Administración General del Estado y, en su caso, a las entidades del sector público institucional estatal que tuvieran su sede en la Comunidad Autónoma de Madrid, salvo la emisión de los dictámenes reservados al Abogado General del Estado.

[1]​ Esta Dirección General nace tras la reforma de los servicios consultivos del Estado que se llevó a cabo en diciembre de 2022, siendo ministra de Justicia Pilar Llop.

[1]​ Además de esto, se crearon dos nuevas direcciones generales que gestionarían las dos áreas de trabajo principales de la Abogacía del Estado: el asesoramiento y la defensa jurídica.

[1]​ Para el primero de los aspectos se creó la Dirección General de lo Consultivo, a la que se adscribieron las Abogacías del Estado en los departamentos ministeriales, la Subdirección General de Informes, y la Subdirección General de Coordinación y Apoyo a los Servicios Consultivos.

[1]​ La Dirección General de lo Consultivo se estructura como sigue:[1]​ El director general de lo Consultivo es nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia y previo informe del abogado general del Estado, de entre los miembros del Cuerpo de Abogados del Estado.