Destrucción de los registros electorales de Chile

La destrucción de los registros electorales de Chile ocurrió el 6 de julio de 1974, posterior al golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, aduciendo supuestos vicios e irregularidades en las inscripciones electorales.Posterior a las elecciones parlamentarias de 1973, en las que la Confederación de la Democracia no logró su objetivo de conseguir los dos tercios en el Congreso Nacional para destituir al presidente Salvador Allende, salieron a la luz pública denuncias de un supuesto fraude electoral.[1]​ El director del Registro Electoral, Andrés Rillón, desestimó las acusaciones señalando que la denuncia por sí misma no probaba la existencia de un fraude,[2]​ a la vez que el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Heriberto Benquis, descartó la supuesta inscripción fraudulenta de ciudadanos,[3]​[4]​ mientras que la prensa oficialista denunció que Jaime del Valle habría adulterado los datos de identificación de algunos de los votantes presentados en la investigación, reemplazando dígitos en los números de cédulas de identidad.[8]​ Los registros electorales existentes hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fueron caducados mediante el decreto ley 130 de la Junta Militar emitido el 13 de noviembre del mismo año y que autorizaba a la Dirección del Registro Electoral para inutilizar dichos archivos.[9]​ El decreto supremo 1049 del Ministerio del Interior, emitido el 17 de junio de 1974, estableció el mecanismo mediante el cual la Dirección del Registro Electoral debía proceder a inutilizar los libros de las inscripciones electorales; para llevar a cabo dicha acción, la institución firmó contratos con industrias que realizaran el procedimiento de recuperación de materia prima del papel usado, y los ingresos producidos por la venta de dicho residuo se integrarían a la Tesorería General de la República.