[16] En Argentina, un país abolicionista, la prostitución a título personal de un adulto/a no es delito pero se penaliza el establecimiento de locales donde incite la prostitución y a quienes los regentean y lucren con eso.
[18] El estigma, la pobreza y la exclusión de los servicios sociales han aumentado su vulnerabilidad a la infección por VIH.
El temor a la aplicación de la ley y al encarcelamiento también desalienta la posesión de condones, ya que proporcionan pruebas para que los oficiales procesen y arresten.
Las trabajadoras sexuales experimentan un estigma y una discriminación importantes como resultado de la criminalización.
[23] Las leyes de criminalización como las prohibiciones de compra, solicitud y de organización general del trabajo sexual perpetúan un ambiente inseguro para las y los trabajadores sexuales, proporcionan impunidad a los agresores y evitan que las trabajadoras sexuales denuncien el delito a la policía.
Las ITS (infecciones de transmisión sexual) y el VIH son problemas importantes en el campo del trabajo sexual masculino, y algunos estudios han encontrado que hasta el 50% de estos trabajadores llegan a dar positivo en la prueba del VIH, muchos de ellos sin ser conscientes.
Este porcentaje podría reducirse si se despenalizara el trabajo sexual, ya que les permitiría realizar su trabajo en entornos más profesionales que disminuyeran en gran medida el riesgo de sufrir violencia o contraer ITS y VIH.
Sin embargo, muchas trabajadoras sexuales transgénero expresan satisfacción con su ocupación, pues sus clientes las tratan como "mujeres reales" y relatan experimentar menos discriminación de género que en su vida cotidiana.
En marzo de 2022, Bélgica se convirtió en el primer país europeo en despenalizar el trabajo sexual.
Nueva Gales del Sur, estado australiano que incluye la ciudad de Sídney, despenalizó el trabajo sexual en 1995 después de que la Comisión Real Wood mostrara que la policía no era una herramienta reguladora adecuada de la industria del sexo, ya que la criminalización conducía a la corrupción policial y a grandes riesgos para la salud de las trabajadoras sexuales y la comunidad, así como a desórdenes públicos.
En su directiva de política pública, la oficina declaró la justificación que respalda tal cambio.
Finalmente, señalaron que trabajar en la industria del sexo a menudo no es su única opción laboral, y los cargos criminales que enfrentan dificultan la continuidad de su trabajo en otras industrias.