El hecho se produjo durante las gobernaciones de José Luis Lizurume y Mario Das Neves.
Ambos gobernadores, la Corte Suprema provincial y los fiscales del caso negaron que se tratara de una desaparición forzada.
Los jóvenes vieron marcharse un patrullero policial y cuando salieron pocos minutos después Iván ya no se encontraba allí.
El gobernador Lizurume y luego también el gobernador Mario Das Neves, la Corte Suprema provincial y los fiscales del caso negaron que se tratara de una desaparición forzada.
[1] La condena del Estado argentino por la CIDH, llevó a que el Congreso Nacional aprobara en 2011 la Ley 26.679 tipificando la desaparición forzada e incorporándolo como delito al Código Penal (artículo 142 ter).