Corrupción en Argentina

El período conocido como la Década Infame (1930-1943), fue denominado así por los generalizados actos de corrupción que involucraron a los partidos oficialistas y opositores.[4]​[5]​ Los principales mecanismos para la lucha contra la corrupción en el Estado nacional, son la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción.[6]​ la oficina actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.Cabe aclarar que la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.[11]​ El expresidente Domingo F. Sarmiento, denuncia en una carta que le enviara a Mariano Sarratea, los actos de corrupción cometidos por Bartolomé Mitre durante su presidencia (1862-1868) y fundador del diario La Nación, aún activo:[11]​ La crisis de 1890 sacó a la luz la corrupción escandalosa del presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890).Juan Balestra escribía en 1935 que Juárez Célman se convirtió en el hombre más rico de Argentina gracias a la corrupción:La CHADE-CADE estaba presidida por el político español Francisco Cambó, quien llevó adelante una política sistemática de corrupción, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radical Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y al presidente conservador Agustín P. Justo (1932-1938).[17]​ En 1955 tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora luego de derrocar al gobierno constitucional presidido por Juan D. Perón.La dictadura aceptó la medida de no innovar y el juez interviniente la dictó, aclarando que la misma no impedía al Estado ejercer su derecho de expropiar las empresas si así lo decidía.[19]​ Pocos meses después asumió la presidencia Arturo Frondizi, candidato de la el Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que se definía a sí misma como "anticadista".La Ley dispuso crear una nueva empresa llamada Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), integrada por la CADE y el Estado, que aportó nuevamente a la empresa el capital formalmente recibido, quedando liberados los accionistas privados de realizar inversiones.[21]​ El acuerdo definitivo reconoció a la CADE el 72% del capital de la empresa y al Estado nacional el 28% restante,[22]​ pero tres años después, Frondizi dispuso que el Estado argentino comprara las acciones de la CADE en Segba.Como consecuencia de la crisis desatada, el asesor presidencial Emir Yoma debió renunciar a su cargo y Antonio Erman González dejó el Ministerio de Economía en manos del entonces canciller Domingo Felipe Cavallo.[25]​ El gobierno argentino se esmeró en atender el caso con el objetivo de no dañar las relaciones entre ambos países.[26]​[27]​[28]​ En la década del 2000 fue procesada y en mayo de 2004 recibió su primera condena por enriquecimiento ilícito.[29]​ En 2015 fue hallada culpable por "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" entre 1995 y 1998 junto con el segundo de Alsogaray en esa dependencia, Enrique Kaplan, que fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión.Además fueron condenados Luis Sarlenga, Diego Palleros, Manuel Cornejo Torino, Jorge Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Carlos Nuñez, Julio Sabra, Teresa Irañeta, Edberto González De la Vega y Carlos Franke.El Tribunal consideró como agravantes que el expresidente "dañó la imagen internacional del país" e hizo peligrar la vida de los cascos azules argentinos destacados en la ex Yugoslavia, entre otros.Sin embargo, no ira preso hasta que la sentencia quede firme y el Senado vote su desafuero.Jaime tenía a su cargo controlar esta empresa que explotaba trenes y colectivos.El periodista vendió su participación en la compañía por sólo $ 20.000, cuando se perfilaba como posible candidato del PRO en la Provincia.[56]​ Entre los organismos, estudiosos y empresas que estudian la corrupción en el mundo, se encuentra la ONG Transparencia Internacional, que publica un Índice de percepción de corrupción (IPC) con datos recabados por 13 instituciones internacionales.