El dictamen fue confirmado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (Conasenusa), organismo que avisó a CONASUPO que aceptar el lácteo sería riesgoso, a lo cual CONASUPO se negó por afirmar su titular que hacerlo traería consecuencias comerciales negativas.
[4] Como otras situaciones que eran susceptibles de ser polémicas, el gobierno mexicano implementó una estrategia mediática para ocultar el escándalo.
Como consecuencia del hecho se creó la Norma Oficial Mexicana 316 en donde se estableció que el máximo de bequereles por kilogramo en la leche importada no podía ser más de 50.
Debido a presiones políticas, la Marina Armada de México determinó ocultar la información.
[6]Dicha comisión buscó la comparecencia de todos los funcionarios de primer nivel involucrados como Guillermo Soberón, José Ernesto Costemalle y Jaime Martuscelli, incluyendo además al vicealmirante Rodríguez Gordillo y el físico nuclear Miguel Ángel Valdovinos.
Finalmente la Comisión CONASUPO, además de confirmar el desfalco a los fondos del estado vía esa paraestatal, informó lo siguiente:[6]