Comisión Investigadora de la gestión del gobierno de Alan García

[2]​[3]​ El juez que otorgó la acción de amparo fue sancionado por su vinculación con los Cuellos Blancos del Puerto.Además, Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional), quien también iba a ser parte de la comisión, quedó fuera por la forma como se repartieron los cupos.[5]​ El 7 de junio de 2012, la megacomisión aprobó el informe sobre los colegios emblemáticos y, en sus conclusiones, recomienda denunciar constitucionalmente a los exministros José Antonio Chang Escobedo (Educación), Yehude Simon (PCM) y Pedro Sánchez (Energía y Minas), por haber firmado el Decreto de Urgencia 004-2009, este no respondió a una situación de emergencia y que fue emitido sin sustento técnico ni legal, razón por la que se habría vulnerado el inciso 19 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y lo señalado por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.si bien el documento añade que habrían incurrido en la figura de asociación ilícita para delinquir contemplada en el artículo 317 del Código Penal, abogados de reconocida especialidad, no han respaldado tal conclusión.También que el fiscal Walter Orestes Milla López –quien tuvo a su cargo la investigación preliminar del Caso BTR– también incurrió en ilícitos penales como por ejemplo encubrimiento personal y omisión del ejercicio de la acción penal.Esto por haber excluido del proceso penal en el cual se investigaron los hechos de escucha e interceptación telefónica a Ismael Medardo Matta Uribe, quien informó a Luis Amengual Rebaza sobre las interceptaciones telefónicas que se realizaba en la empresa Business Track S.A.C..Al ex primer ministro Jorge del Castillo se le denuncia por presunto delito de encubrimiento personal.Entre los agraviados se mencionó a Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, los principales implicados en el Caso Petroaudios.También aseveró que no pidió a Manuel Ojeda convertir unos audios hallados en cinco discos.“Durante 11 meses, fue Carlos Tomasio (también procesado en el Caso BTR ) quien le pagó casi 30 mil dólares al alcalde.Fue un trato entre ellos dos”, expresó y negó que el alcalde de Magdalena del Mar haya trabajado para BTR.Así lo sostuvo durante su alegato personal ante la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel.Tomasio precisó que aunque oficialmente la Marina niega tal adquisición, esta se hizo con fines de seguridad nacional en el 2000.Sostuvo, por ejemplo, que le incautaron un número determinado de CD, pero luego apareció en la fiscalía una cantidad mayor.Martín Fernández Virhuez, en su alegato personal, negó su responsabilidad en los delitos de violación de la correspondencia y asociación ilícita, pero admitió su participación indirecta en la interceptación telefónica a Rómulo León y Alberto Quimper.[17]​ Elías Ponce y Carlos Tomasio, abandonaron en marzo de 2013 el penal Castro Castro gracias a que un juzgado les otorgó el beneficio de libertad condicional.[18]​ La medida fue adoptada por la jueza María Martínez del Juzgado Penal 34 de Lima con la opinión favorable del fiscal Walter Milla de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado.Según Tejada, Rosario Fernández y Aurelio Pastor, exministros de Justicia, incurrieron en una infracción a la Constitución al haber reducido la pena de 400 sentenciados por narcotráfico, según el informe final del indulto a narcotraficantes.Genaro Vélez, abogado del exmandatario, minimizó el informe de la megacomisión.“El presidente tiene la atribución, que le concede la Constitución para dar (conmutaciones de pena a reos).Si hubo situaciones irregulares por debajo de él, eso se debe individualizar y la fiscalía tiene que investigar", dijo.Del mismo modo fueron sentenciados a prisión suspendida la exsecretaria técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, Noelia Gómez Paulet y los acusados Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Nijahuanca y Jaime Acevedo Saavedra.[25]​ Facundo Chinguel contrató a personas que habían sido condenadas por narcotráfico para que integren la Comisión de Gracias Presidenciales, entre ellos Manuel Huamán Montenegro y Carmen Morales Pérez, esta última favorecida con la conmutación de pena en el 2009.También aseveró que el extitular la Comisión de Gracias Presidenciales, Facundo Chinguel (actualmente preso), recibió 30 mil dólares para liberar a ‘narcos’ colombianos.[29]​ Sergio Tejada, al respecto, dijo: “Yo me imagino que él ha sido muy presionado o incluso ha recibido algo para cambiar de esta manera de testimonio […] En ningún momento le hemos ofrecido nada.[34]​ García, además, se comparaba con el presidente estadounidense, Barack Obama, que tenía una política de despenalización en su país.[44]​ Lilia Ramírez Varela, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), denunció que Soller Rodríguez fue nombrado juez por García Pérez durante su primera gestión presidencial.