La causa fue cerrada en marzo de 2019 cuando el tribunal dictó por unanimidad que en los supuestos hechos denunciados no había existido conducta delictual alguna.
Los acusados afirman que la intervención del BCRA en el mercado se trata de una política económica y por lo tanto no es judiciable.
En los contratos de futuro las partes se comprometen a intercambiar (comprar y vender) un activo físico o financiero (denominado activo subyacente), a un precio determinado (cierto) y en una fecha futura preestablecida al firmarse dicho acuerdo.
El BCRA había registrado ganancias por $ 5 500 millones en los doce meses previos a octubre de 2015.
[10][11][12][13][14] Finalmente, el 17 de diciembre, el gobierno dispuso una devaluación cercana al 40%, la mayor registrada desde 2002, cuando se puso fin a la convertibilidad.
[15] Asimismo, el nuevo presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, consultó al juez Bonadio si correspondía el pago de los contratos, por encontrarse estos en medio de la causa penal, a lo que el juez contestó que «no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos».
[18][19][nota 3] En diferentes medios de comunicación se informó que entre las personas que habían comprado dólares a futuro se encontraban dirigentes del macrismo, como Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui o José Torello, o empresarios que según el diario Página/12 eran cercanos a este, como Cablevisión.
[21][22] Las causas penales en el sistema jurídico argentino tienen diferentes etapas de necesario cumplimiento.
[25][26] Axel Kicillof afirmó en su defensa que en la causa no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión y que la intervención del "dólar futuro" por parte del Banco Central es "una operatoria normal y parte habitual de la política cambiaria" con la cual en 2015 la entidad "evitó que se produjera una mega-devaluación inmediata de la moneda por causa de una corrida cambiaria…No se hizo nada extraño, sino seguir implementando medidas en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, que estaban incluso plasmadas en la Ley de Presupuesto"; en esta forma, agregó, "es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor del dólar futuro a un precio distinto es un delito…"Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito".
Así, llamó a indagatoria para fines de marzo y principios de abril de 2016, a diversos exfuncionarios del Poder Ejecutivo, del BCRA y de la CNV: Flavia Matilde Marrodán; Bárbara Emilia Domato Conti; Alejandro Formento; Juan Miguel Cuattromo; Mariano Beltrani; Germán David Feldman; Pedro Martín Biscay; Sebastián Andrés Aguilera; Miguel Angel Pesce; Alejandro Vanoli; Axel Kicillof; Cristina Fernández de Kirchner; Guillermo Mario Paván; David René Jacoby y Cristian Alexis Girard.
[30][31] En la causa, el juez también llamó a declarar en calidad de testigos a: Alfonso Prat Gay, entonces ministro de Economía; Martín Redrado, extitular del BCRA; Lucas Llach, vicepresidente del BCRA; Martín Grandes, economista que había publicado una nota al respecto en Diario Perfil; entre otros.
[48] La causa quedó terminada cuando el juez resolvió que las conductas imputadas a los denunciados no constituían delitos.