El Caso Túnel de Sóller fue un caso de corrupción que afectó al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas, el cual tuvo que dimitir.
[1] El proceso se inició el 7 de abril de 1995 cuando Eberhard Grosske (IU) denunció al presidente y al consejero de obras públicas del Gobierno balear, Gabriel Cañellas y Bartomeu Reus, y al exconsejero Jeroni Saiz, por supuesta prevaricación continuada en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller a la empresa de Antoni Cuart.
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno Central en aquel momento, José María Aznar, obligó a Gabriel Cañellas a dimitir por no haber cabida para corruptos en el Partido Popular.
En el juicio también fueron juzgados, aparte del presidente Cañellas, el entonces consejero de obras públicas, Jeroni Sáiz y el entonces secretario del PP en Baleares José Antonio Berastain.
[2] La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares de julio de 1997 cerró el caso declarando probadas las acusaciones, pero los acusados quedaron absueltos por la prescripción del delito.