Rizzo planteó que la nueva ley proscribía la Agrupación «Gente de Derecho», al impedirle postular candidato propio en las próximas elecciones en el Consejo de la Magistratura, ya que, con la nueva ley, éstas se decidían por el sufragio universal, y a través de los partidos políticos.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, dictaminó a favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo solicitando a la Corte Suprema que acepte el per saltum que presentó el Gobierno Nacional contra los fallos dictados por la juez María Servini de Cubría en dos causas.
Una iniciada por el titular del CPACF, Jorge Rizzo, y otra por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, Carlos Traboulsi,[3] es decir, a favor de la postura del Estado Nacional, solicitando a la Corte que revoque las sentencias de primera instancia.
Gils Carbó se pronunció a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura, argumentando que la ley buscaba desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros.
Sostuvo que no era posible conjeturar que todos los abogados iban a compartir la postura de «Gente de Derecho» y del Dr. Rizzo en contra de la ley impugnada: con ello se caía el requisito de «homogeneidad» que exigía la doctrina del fallo de la Corte Suprema «Halabi», y, así, se caía la legitimación colectiva que necesitaba Rizzo para lograr que se suspendan las elecciones.