Por la crueldad y absurdas sentencias judiciales asociadas, el hecho activó protestas contra la dictadura militar a nivel nacional e internacional (principalmente en Estados Unidos, lugar de residencia de Rojas).

La respuesta del régimen fue enviar militares a patrullar las calles para mantener el control [cita requerida].

Una vez allí los arrojaron a una zanja de regadío, asumiendo que morirían.

Más tarde fueron hallados por trabajadores agrícolas y llevados a la Posta Central, para su atención.

[2]​ Si bien la prensa oficialista y las presiones del gobierno primero intentaron negar los hechos y luego intentaron mantener la vigencia de la versión militar, los reclamos desde gobiernos y organismos de derechos humanos llevará a judicializar el asunto, se designó al juez Alberto Echavarría Lorca para investigar los hechos quien el día 23 dictaminó:

Mientras que Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y Sergio Hernández Ávila fueron condenados como cómplices a la pena de tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En tanto, la Corte rechazó la excepción de cosa juzgada que había absuelto a Pedro Fernández Dittus en primera instancia, quien también fue condenado como autor.

La sentencia también absolvió a Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio Hernández Ávila.