En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 14 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,[1]​ durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

[16]​ De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente USD$ 349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado.

Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado.

Sin embargo se ha criticado los lentos y pocos resultados presentados por los investigadores en comparación de lo sucedido en otros países.

Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5 mil millones en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa.

[22]​ El Presidente Correa, así como otros sugirieron que esa persona sería Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes en una gran variedad de paraísos fiscales,[23]​ pero él negó cualquier responsabilidad.

[31]​ También se señaló que el Municipio de Quito, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas.

[36]​ El 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado en el proceso judicial seguido en Ecuador, con número «17721201700222», dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glas, también a Ricardo Rivera, quien falleció en arresto domiciliario en 2022 por causa del covid,[37]​ también se dictó prisión a otros 6 implicados, por delito de asociación ilícita.

En esa época, las anotaciones figuraban con la constructora AOS, que también estaba involucrada en el caso Lava Jato sin embargo esto no trascendió.

La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht, debería haber terminado el 30 de junio y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a la empresa constructora, no correspondía con el avance físico de la obra de solamente un 33%, razón que propició la decisión judicial de detener la obra y empezar la liquidación del contrato, pero en diciembre Marcelo Odebrecht cooperó con información y días después Estados Unidos reveló información sobre US$788 millones en sobornos que dio Odebrecht a funcionarios y autoridades en Latinoamérica y África.

Ese día iniciaron las investigaciones en todos los países latinoamericanos señalados en la confesión de Odebrecht, sin embargo, la fiscal de Guatemala en ese momento, Thelma Aldana, no asistió a la reunión y la investigación no pareció iniciar.

La empresa brasileña pactó con el Ministerio Público pagar a Guatemala en concepto de reparación por el daño ocasionado al país los US$17,9 millones, misma cantidad que entregaron en concepto de sobornos a los políticos guatemaltecos.

[44]​ En 2022 se conoció que señaló también a los 108 diputados del Congreso que en 2012 aprobaron el préstamo, de haber participado en la red de sobornos y que a 9 de ellos se les entregó directamente el dinero (hasta US$64.000), otros 20 lo recibieron a través de intermediarios y otros en obras otorgadas a sus constructoras, todo en coordinación con la presidencia, vicepresidencia y la constructora quienes también recibirían el dinero junto con él.

Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

[50]​ Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, también revelan que entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones en Panamá, resultando en US$175 millones de beneficios en contratos para otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.

[52]​[53]​[54]​ El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht.

Después detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba.

Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera.

“Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido.

El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, durante la campaña electoral previas a las elecciones del 2011.

El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno.

En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco.

El escándalo alertó al Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la investigación penal.

En esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante comercial de la multinacional en República Dominicana, así como abogados involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley Consultants vinculados a la compañía.

Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como proveedor del Estado y que la Dirección General de Contrataciones Públicas había dispuesto la referida suspensión provisional del registro, impidiendo su participación en futuras licitaciones.

[77]​ En junio de 2019 el Ministerio Público presentó acusación formal con sólo 6 de los supuestos 14 implicados, siendo estos fueron Conrado Pittaluga Arseno, Tommy Alberto Galán Grullón, Andrés Bautista, Ángel Rondón Rijo, Roberto Rodríguez y Víctor Díaz Rúa.

Durante la presentación de los testigos a cargo, ninguno pudo identificar relación alguna entre los empresarios Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, ni con los otros acusados.

En ese momento, varios abogados cuestionaron el fallo, especialmente la defensa de los condenados.

[107]​ Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que su Gobierno terminará las construcciones detenidas usando empresas venezolanas.

[108]​ Las autoridades venezolanas también generaron polémica internacional al detener y expulsar del país a los periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, que viajaron a la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) para constatar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale - también llamado el segundo puente sobre el Lago.