Caso Los 10 de Luluncoto

[2]​ Las diez personas procesadas son: Luis Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Víctor Vinueza, Pablo Castro, Fauda Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago Gallegos y César Zambrano; quienes fueron detenidas el 3 de marzo de 2012 tras un operativo policial denominado «Sol Rojo».

[4]​ En esa fecha será cuando en el Parque República de India, en Quito, el World Trade Center de Guayaquil y el Parque Calderón de Cuenca se detonaron bombas panfletarias entre las 10h00 y 10h30 con mensajes en contra del mandatario extranjero, así como también al presidente ecuatoriano Rafael Correa, el ataque dejó como saldo una persona con heridas leves.

[5]​[6]​ Estos mensajes se encontraban firmados por una organización denominada Fuerzas Armadas Insurgentes Revolucionarias del Ecuador (FAIRE).

Este grupo sería supuestamente parte del Grupo de Combatientes Populares (GCP), que sería el brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE).

El Tribunal acepta esto en dos providencias emitidas el 19 y el 27 de dicho mes.

[25]​ El peritaje de Rafael Melgarejo no halla los documentos necesarios para realizar el operativo en las computadoras de la fiscal diana Fernández y del juez Juan Pablo Hernández, siendo este informe usado por la defensa hecha por los abogados Ciro Guzmán y Patricio Armijos para indicar que existieron procedimientos ilegales cometidos por la exfiscal y el exjuez.

[1]​ A la espera de una nueva fecha, el 14, Royce Gómez es internado en el hospital Eugenio Espejo por una caída en la presión arterial y en glucosa.

Ese mismo día se difundió una cadena nacional del gobierno en contra de los acusados.

Finalmente será el 19 cuando se consiga que los 7 hombres procesados sean liberados, haciéndose eso efectivo el 21, mas a las a sospechosas Cristina Campaña y Abigail Heras no se les concedió la libertad.

Igualmente la resolución del CNJ sugiere al Consejo de la Judicatura (CJ) una investigación de los abogados defensores que se haría efectiva para Gonzalo Realpe, Ciro Guzmán, Álex Bonifaz y Gonzalo Proaño.

La estimación de la defensa fue que no existiría sentencia hasta las elecciones.