Con la entrada en vigor de ambas sentencias, el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador quedó legalizado.

[7]​ La batalla judicial por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador inició en 2013,[6]​ cuando la activista Pamela Troya y su novia intentaron contraer matrimonio en las instalaciones del Registro Civil de Quito.

La misma llegó posteriormente hasta la Corte Constitucional, pero quedó estancada de forma indefinida.

[6]​ Ocho de ellas fueron patrocinadas por la Fundación Pakta y dos por el Colectivo Jurídico Feminista.

Sería esta acción de protección en específico la que luego daría origen al Caso 10-18-CN.

[4]​[3]​ En su dictamen, denominado oficialmente «Sentencia N° 10-18-CN/19», el juez Lozada razonó que para derimir la consulta, se debía establecer si la constitución prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, dejaba su legalización a potestad del poder legislativo u obligaba su reconocimiento.

Por ende, Salgado afirmó que la opinión de la mayoría volvía posible que cualquier artículo de la constitución cuyo alcance fuera claro y específico, pudiera ser interpretado por la Corte.

[20]​ Durante las semanas siguientes, se organizaron además marchas en Guayaquil y Quito en contra de los dictámenes.

Se refirió además a los miembros de la Corte como «jueces serios y honestos».