111-97-TC marcó un hito en la historia de la Tribunal Constitucional.
[1] Este fallo representó el primer paso hacia un reconocimiento más amplio de los derechos LGBT en Ecuador.
Al año siguiente, el país hizo historia al convertirse en el primero de las Américas, y el tercero en el mundo tras Sudáfrica y Fiyi, en incluir la orientación sexual como una categoría protegida en su Constitución.
[2][3] La decisión del tribunal no fue recibida con entusiasmo por los activistas de los derechos LGBT, quienes criticaron su caracterización de la homosexualidad como una «conducta anormal» que debería tratarse médicamente en lugar de sancionarse penalmente.
El tribunal fue acusado de adoptar una postura tradicionalista al afirmar que «es claro que si bien [la homosexualidad] no debería ser una conducta punible judicialmente, la protección de la familia y de los menores exige que no sea una conducta socialmente exaltada».