[2]​ Desde 1830 hasta 1996, existieron en Ecuador, instituciones con similares funciones a la actual Defensoría del Pueblo.

Estas instituciones estuvieron supeditadas al poder legislativo o ejecutivo y nunca tuvieron como objeto principal la tutela de derechos.

[3]​ En 1996, se aprueban las reformas constitucionales que en parte, incorporan a la institución al Estado ecuatoriano.

Su máxima autoridad, el Defensor del Pueblo, es designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para un periodo cinco años (con una sola reelección).

[6]​[7]​ Las funciones de la institución, están dispuestas por la Constitución del Ecuador y son: