Defensoría Pública (Ecuador)

La Defensoría Pública en Ecuador es un órgano autónomo de la función judicial, que provee defensa legal gratuita a aquellas personas que no pueden contratar los servicios para su propia defensa legal.Según la Constitución de la República del Ecuador, no existe restricción frente a las materias o instancias donde se puede proveer este servicio y la institución debe tener acceso a los mismos recursos equivalentes a los de la Fiscalía General del Estado (Ecuador).[2]​ La autoridad máxima de la institución es el Defensor Público General, cargo que solo puede ser ocupado por un ecuatoriano, con título de abogado, y que haya ejercido la profesión por al menos diez años con probidad notoria.[3]​ El Defensor Público General es elegido para un periodo de seis años sin posibilidad a reelección, mediante un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.[4]​ Las competencias del Defensor Público General están definidas por el Código Orgánico de la Función Judicial: