La capital de Castilla y León, comunidad autónoma española, no se encuentra definida legalmente en su Estatuto de Autonomía, por lo que la ubicación de las administraciones autonómicas ha sido definida con posterioridad a la aprobación del mismo, generando disputas en relación con la capitalidad autonómica.
Otros órganos estatutarios autonómicos están ubicados en otras ciudades, como Burgos (Tribunal Superior de Justicia; no obstante, desde hace años, con algunas salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, en Valladolid; aunque el grueso en aquella ciudad), Palencia (Consejo de Cuentas), Zamora (Consejo Consultivo; tras los tres primeros años de su existencia, en la ciudad vallisoletana, en 2006 se traslada a una sede provisional en la ciudad zamorana, hasta la construcción de la nueva, que en 2013 ya estaba plenamente operativa) y León (Procurador del Común).
Asimismo, otro órgano estatutario no básico está situado también en Valladolid, el Consejo Económico y Social.
A pesar de todo, y de que se ha señalado que la Ley de 1987 establece la capitalidad en la ciudad,[4] Valladolid no es capital de iure, por lo que han surgido conflictos políticos por dicha consideración en la comunidad autónoma.
[5] En marzo de 2010, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid rechazó una moción para solicitar que Valladolid se convirtiera en capital oficial de la comunidad autónoma con el argumento de que «podría provocar ocho mociones en contra», refiriéndose a las capitales del resto de provincias, en tanto que el portavoz del PP afirmaba que «Valladolid ya está considerada como la capital de la región».