No obstante existe un amplio consenso en los países más desarrollados sobre que por lo menos la sanidad, la educación y la vivienda pueden considerarse como bienes sociales.
Este respaldo, en algunas ocasiones, se asume legalmente, introduciéndolo en las normas constitucionales, como es el caso, por ejemplo, de España.
En determinados casos los consumidores, contando con información completa sobre un bien, pueden tomar decisiones de consumo contrarias a su propio bienestar.
Así algunas personas continúan fumando a pesar de conocer los efectos nocivos del tabaco.
Hay partidarios de la intervención del Estado en estos casos ya que según esta postura, el Estado no debe limitarse a suministrar información.