Así, postula que la evidencia científica señalaría al Gobierno, y no al mercado, como el ente que debe ser limitado o reducido por el bienestar de la sociedad.
[11] El economista James M. Buchanan descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las decisiones políticas y gubernamentales; encontrando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos para hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes en el mercado político.
Dicho descubrimiento le valió el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1986.
La teoría resulta importante para comprender diversos fenómenos políticos y jurídicos que se dan en la realidad.
Mientras que los votantes prácticamente no tienen un incentivo instrumental para votar, si tienen un interés expresado en ello.
El sesgo en favor de los intereses expresados quiere decir que la política pública muchas veces ignora consideraciones prácticas importantes.
[12][13] Las ideas de Caplan son desarrolladas más a fondo en su libro El Mito del Votante Racional.
Cualquier persona que obtenga utilidad de políticas potencialmente irracionales (como el proteccionismo) puede recibir beneficios para sí mismo al mismo tiempo que impone los costos de dichas políticas en el público en general.
Si las personas tuviesen que lidiar con los costos totales de sus "creencias irracionales", entonces harían lobby para ellas en forma óptima, tomando en cuenta tanto sus consecuencias instrumentales como su atractivo expresivo.
En cambio, la democracia tiende a ofrecer políticas basadas en creencias irracionales en forma excesiva.
Caplan define la racionalidad más que todo en términos de la teoría de precios generalmente aceptada, resaltando que los economistas tienden a oponerse al proteccionismo y la regulación estatal en mayor medida que la población en general, y que las personas más educadas se encuentran más cerca a los economistas en este sentido, incluso luego de controlar factores como el ingreso, la riqueza o la afiliación política.
Es nuestra incapacidad de entender su poco atractivo político ("George Stigler's Contribution to the Economic Analysis of Regulation" 101 J. Pol.
La aplicación de la elección pública a la regulación gubernamental fue desarrollada por George Stigler (1971) y Sam Peltzman (1976).
El costo de suspender un solo regalo del gobierno es demasiado alto, mientras que los beneficios para los contribuyentes son muy pequeños.
El costo de estas políticas ineficientes está disperso entre todos los ciudadanos, y es por eso que es casi imperceptible para cada individuo.
Además, los miembros de un grupo que realizan planificaciones para un gobierno deben tomar en cuenta este fenómeno.
Estos últimos tienen el poder de contratarlo y despedirlo más o menos a voluntad.
La gran mayoría de los burócratas, sin embargo, son funcionarios públicos cuyos trabajos y salarios están protegidos por un sistema que hace difícil cualquier cambio importante por parte de los directores que les han asignado.
[5] Debido a sus conclusiones, algunas veces se ha dicho que la teoría de la elección pública tiene una tendencia anti-Estado.
Ello, que también parece una verdad evidente, no se ha tenido en cuenta en la mayoría de los países en los cuales existe una norma constitucional más o menos coherente.
Y es que, una vez aplicado el análisis económico al comportamiento del funcionario, debemos concluir necesariamente que éste, como ser racional, busca maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo.
[12][13] Las ideas de Caplan están desarrolladas más a fond en su libro El Mito del Votante Racional (Princeton University Press, 2007).
[22] Los mismos Buchanan y Tullock describen las calificaciones metodológicas del enfoque desarrollado en su obra: The Calculus of Consent (1962), p. 30