También se ha aplicado a las declaraciones públicas de una autoridad eclesiástica, cuando el criticado por ella considera que excede del ámbito religioso.
Habitualmente las afectadas suelen ser las autoridades civiles por medidas que las religiosas consideran que afectan a la moral, como ha ocurrido en algunos casos en España, Colombia y México, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en relación con las leyes sobre el divorcio, el aborto, la enseñanza, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la financiación de la Iglesia Católica, entre otros temas.
Paradójicamente, algunos que, en general, defienden la separación de los órdenes civil y religioso, emplean este término cuando un obispo toma una decisión estrictamente de su jurisdicción, como es abrir o cerrar una parroquia (véanse los ejemplos 1 y 2).
Incluso algunos políticos en ejercicio se han manifestado contra esa decisión, invadiendo ilegítimamente la jurisdicción eclesiástica.
En cualquier caso, los obispos gozan del derecho a la libertad de expresión como todos los demás ciudadanos.