Las guerras carlistas obligaron a trasladar su sede durante cuatro años a Murcia, al fuerte de Peñas de San Pedro y a Cartagena provisionalmente hasta volver a instalarse definitivamente en la capital manchega una vez fortificada tal y como había sido aprobado por la Corona de Castilla.
La Corona de Castilla aprobó la elección de Albacete como sede de la real audiencia, uno de los mayores honores que se le podía otorgar a una población española, debido a que era la ciudad más progresista, con mayor vitalidad, más rica y relevante del centro geográfico del nuevo territorio judicial, confluencia de todos los mercados de La Mancha hacia los puertos del Levante, «un punto importantísimo de enlace para recibir y transmitir la acción del Gobierno a los pueblos».
Las principales figuras que dirigían la institución eran el regente (presidente), nueve ministros (cinco oidores y cuatro alcaldes del crimen) y dos fiscales con los correspondientes subalternos.
Sin embargo, el alto tribunal no perdió nunca su titularidad albaceteña.
Aunque el hecho que encumbró la ciudad fue su erección en capital de provincia española, la causa más poderosa, según expertos, que favoreció su desarrollo posterior fue la presencia en el territorio de una real audiencia, uno de los mayores honores que podía tener una ciudad española.