Dos vecinos y uno de las asaltantes murieron, desatándose a continuación una represión indiscriminada sobre las organizaciones obreras anarquistas andaluzas —cuatro obreros fueron ejecutados tras un consejo de guerra, y dieciséis más fueron condenados a cadena perpetua; todos ellos denunciaron que las confesiones habían sido obtenidas mediante torturas—.El criminal nunca fue encontrado y los obreros en huelga volvieron inmediatamente al trabajo como muestra de solidaridad.Al año siguiente, se redujeron los atentados, pero fue entonces cuando estalló el «petardo» en la Plaza Real.Schicchi, que se había quejado al cónsul italiano en Barcelona de que el gobierno español era medio bárbaro («un lamento algo sorprendente en su pluma», apostilla el historiador Juan Avilés Farré), regresó a Italia, donde cometió un atentado sin víctimas en el consulado español en Génova, según él para vengar la muerte en prisión de una mujer embarazada salvajemente golpeada y que al parecer era la compañera de Bernard.[10] La Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de la Gobernación emitieron el 6 de abril una nota en la que se instaba a los gobernadores civiles a que extremaran el control de las asociaciones legales existentes y a que no toleraran excesos en los mítines, recordando la sentencia del Tribunal Supremo de 1884:[11]
