Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos
La Segunda Sección contempla las elecciones a la Cámara de los Representantes por parte del pueblo cada dos años.
Basándose en este requisito, el impuesto sobre la renta se consideró inconstitucional en 1895, puesto que no era repartido entre los estados.
La Sección Segunda establece que la Cámara de Representantes elige a su presidente y al resto del funcionariado.
Esta sección estipula que cada estado tiene derecho a dos senadores elegidos por un periodo de seis años.
Según lo establecido originariamente, los senadores son elegidos por la Asamblea legislativa del Estado que representen en el Senado.
El Congreso está autorizado a establecer una sola fecha, uniforme, para las elecciones al mismo.
Además, la Sección Cuarta establece que el Congreso debe reunirse por lo menos una vez al año.
La reunión sería el primer lunes de diciembre, a menos que se dijera lo contrario por ley.
Por quórum,[6] abrir un registro de votaciones y llevar a cabo la suspensión; estos casos también están contemplados en la Sección Quinta:
Requisitos de los miembros: En ocasiones, se ha admitido a individuos no cualificados en el Congreso.
Sin embargo, esto no suele suceder, aunque se utiliza la llamada del quórum como táctica para producir retrasos.
Con la Vigésimo Séptima Enmienda, se fijó que ningún cambio en su remuneración toma efecto hasta después de las siguientes elecciones al Congreso.
Los senadores y los representantes no pueden dimitir de su cargo para ocupar otros puestos políticos que comporten mayores sueldos; deben esperar hasta la conclusión del periodo para el cual fueron elegidos.
Qué constituye exactamente un aplazamiento o suspensión para los propósitos del "veto de bolsillo" es confuso.
La Corte Suprema declaró el decreto inconstitucional porque violaba una cláusula del caso Clinton contra la ciudad de Nueva York.
En total, ha habido 1484 vetos regulares, de los cuales se han eliminado 106 (cerca del siete por ciento).
Los poderes legislativos conferidos al Congreso se especifican y enumeran en la sección octava del primer artículo de la Constitución, y no parece que el poder propuesto para ser ejercido por el proyecto de ley se encuentre entre los poderes enumerados, o que caiga bajo ninguna interpretación con el poder de hacer las leyes necesarias y apropiadas para llevar a la ejecución esos u otros poderes conferidos por la Constitución en el Gobierno de los Estados Unidos.
Ogden afirmaba que comercio incluía solamente la compra y la venta de mercancías, pero no su transporte.
[26] Marshall añadió que las competencias del Congreso sobre el comercio son completas en sí mismas, se pueden ejercitar en el grado de todo lo posible, y no se reconoce ninguna limitación con excepción de lo que está prescrito en la Constitución.
Algunos historiadores arguyen que la doctrina y la legislación aprobadas durante las operaciones contra Pancho Villa constituyen una sexta declaración de guerra.
El Congreso puede conceder patentes de corso y represalias; aunque tales elementos están obsoletos en la actualidad.
La disposición es discutible, sin embargo, puesto que actualmente las asignaciones para cualquier fin se hacen anualmente.
Hasta 1808, sin embargo, la Constitución permitía que el Congreso impusiera un arancel máximo de diez dólares por cada esclavo importado en los Estados Unidos.
En el caso Ex parte Milligan[39] (1866), la Corte Suprema sostuvo que este derecho no podría ser suspendido mientras los juzgados civiles estuvieran operativos.
El Congreso puede no aprobar ningún “bill of attainder” o ley “ex post facto”.
Una “bill of attainder” es una ley en la cual se condena a una persona inmediatamente, sin que haya proceso judicial.
Los Estados tampoco pueden aprobar “bill of attainder”, leyes “ex post facto”, deteriorar la obligación de contratos o conceder títulos nobiliarios.
Después de celebrarse las elecciones, la Asamblea legislativa aprobó una ley que rescindió los contratos concedidos por los miembros corruptos.
El rédito neto del impuesto se paga no al Estado, sino a la Hacienda federal.
En cuanto a materia militar, los Estados no pueden, sin el consentimiento del Congreso, contar con tropas o ejércitos en tiempo de paz.
