cuyo objetivo era permitir rehusarse a brindar un servicio, supuestamente basado en la religión.
Y algunos proyectos de ley, específicamente, buscaron proteger a quienes desaprueban el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.
Los críticos señalaron que, con esta norma, se abrían posibilidades amplísimas y arbitrarias de negar a cualquiera un servicio, por presuntos motivos religiosos.
"Permitir esto", escribió el juez Scalia, "haría que las doctrinas y creencias religiosas estuvieran por encima de la ley del país, y en efecto, permitiría que cada ciudadano hiciera una ley a su gusto personal".
La sentencia dice que las leyes neutrales de aplicabilidad general no tienen porqué cumplir con un estándar de escrutinio (religioso) estricto, porque tal requisito crearía "un derecho privado para ignorar las leyes que se aplican a toda la sociedad".
Veintiún estados, sin incluir Arizona, tienen leyes de establecimientos públicos, que, por el contrario, protegen la orientación sexual del consumidor.
La Corte Suprema de Nuevo México dictaminó en el caso Elane Photography v. Willock que la RFRA del estado no podía ser invocada entre dos partes, si el gobierno no era parte en tal proceso judicial..[8] El proyecto de ley fue presentado por el senador Steve Yarbrough, para intentar cambiar una ley que actualmente otorga a las asambleas o instituciones religiosas, autoeximirse por razones religiosas al cumplimiento de cualquier ley estadual.
Los críticos evidenciaron que el proyecto de ley, en definitiva, habría permitido que todo negocio discriminara a grupos indeterminados de personas, por cualesquiera presuntos argumentos religiosos.
Como la ley estatal ya permitía a las empresas rehusarse a brindar servicios a cualquier persona y por cualquier razón, los dueños de negocios notaron que si ya, de todos modos, se les permitía en Arizona no dar servicios a las personas LGBT, esta nueva ley sólo haría que perdieran negocios discriminando, y por eso consideraron que no necesitaban protecciones adicionales, por las cuales hasta podrían terminar siendo demandados.
Los partidarios del proyecto de ley incluyeron dos grupos conservadores, el Center for Arizona Policy y la Alliance Defending Freedom, quienes trabajaron en el proyecto de ley.
Tres legisladores que inicialmente votaron por el proyecto de ley, incluido Whip Adam Driggs de la mayoría del Senado, luego alentaron abiertamente a la gobernadora Brewer a vetarlo.
Este antecedente negativo para el estado, así como evitar pérdidas millonarias y sufrir un daño en su reputación e imagen, fue uno de los varios argumentos que llevaron a que se vetara el proyecto de ley.
Hawái La ley declara que "el gobierno no debería molestar sustancialmente el ejercicio religioso sin una justificación convincente".
Idaho La ley habría permitido negar brindar servicio a personas gay y lesbianas.
Los líderes del senado se negaron a aceptar el proyecto de ley, y lo rechazaron.
Misisipí La ley dice que los gobiernos estatales y locales no pueden imponer una molestia sustancial a las prácticas religiosas.
Al ser reescrito, el proyecto no se volvió a plantear en ninguna otra sesión legislativa.