[1] Desde su llegada a Yucatán el conde de Lozada y Taboada se encargó de poner en vigor una cédula real que ordenaba que se adjudicaran a la corona española las encomiendas vacantes hasta completar, por medio de sus productos, la suma de 25.000 pesos en oro, depositándolos en la caja real en apoyo a las necesidades del reino.
Esta medida era sumamente impopular entre los españoles y criollos que se sentían con derecho para obtener tales encomiendas, sea porque fueran descendientes de los conquistadores, sea por sus propios méritos durante la colonización de la provincia.
[2] A pesar de que intentaron convencer al nuevo gobernador de que evitara vigorizar la cédula exponiendo al rey las razones, basadas en la pobreza regional, este insistió en que se aplicara la medida, cosa que se hizo entre otros, en el caso de la encomienda de Sinanché, con el consiguiente disgusto generalizado.
El ayuntamiento de Mérida elevó al rey una opinión suplicándole que suspendiera la medida en Yucatán con el argumento de que lesionaba seriamente la economía de la colonia e inclusive, para tal ruego, se designó a un procurador especial en Madrid a fin de que atendiera el trámite respectivo, trámite que fue infructuoso.
Sus enemigos esparcieron la especie de que por cada concesión de tierras que se otorgó durante esa época, el gobernador cobró una cantidad en su propio beneficio.