Argentino del Valle Larrabure

[5]​[6]​ Las autopsias realizadas sobre el cuerpo no permitieron determinar con certeza si fue un suicidio o un homicidio.

[cita requerida] Ya que supuestamente era asmático y estuvo casi un año encerrado en un pozo con poco aire,[cita requerida] dónde no tendría forma de hacer actividad física y donde supuestamente estuvo tan mal alimentado que perdió 48 kilos.

En 2007, su hijo Arturo Cirilo Larrabure (vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, o CELTYV) emprendió lo que fue calificado por el diario Página/12 como una "campaña judicial y mediática" para que la justicia reabriera el caso —que se encontraba prescrito— como un crimen de lesa humanidad.

En 1960 ingresó a la Escuela Superior Técnica en la cual cinco años después se recibió de Oficial Ingeniero Militar y su calificación fue siempre la máxima posible.

Esa noche se realizaba una cena en el casino de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos a la cual asistía gran parte del personal que vivía en la fábrica, la mayoría civiles, incluyendo al mayor Larrabure y su esposa.

Luego de dominar a los efectivos de guardia, ocasión en que dispararon contra un centinela dejándolo hemipléjico en forma permanente, ingresaron en el Casino y preguntaron por el director de la fábrica ―el teniente coronel Osvaldo Jorge Guardone, que no se hallaba presente―, por el mayor Larrabure y por el capitán García, ingeniero químico, y al identificarse estos últimos los llevaron con ellos a los vehículos que les aguardaban.

Además horas después del copamiento, al intentar eludir un control policial, chocó un vehículo en el que presuntamente iban dos participantes del ataque resultando muerto uno de ellos y detenido el otro.

Allí funcionaba una mercería[20]​ atendida por una mujer joven; en la vivienda habitaban, además, su esposo, su madre y los dos hijos pequeños del matrimonio.

El propio Larrabure dejó escrita la descripción del lugar: Había un catre y un retrete portátil y una celda contigua, ocupada sucesivamente por varios cautivos que luego reconocieron el lugar, a las que se llegaba a través del “placard” del dormitorio de la pareja.

Durante su prisión, su familia recibió en su casa siete cartas de Larrabure, que a su vez ellos respondían por medio de solicitadas en distintos diarios, que Larrabure leía cuando sus secuestradores así lo decidían.

[22]​ El Ejército sostuvo que Larrabure había sido torturado y asesinado por los guerrilleros.

El expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo del cuerpo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato.

[24]​ A su vez, el mismo Larrabure, en su diario escribió que Sin embargo, esta versión ha sido criticada, en primer lugar por la profunda fe católica y la integridad que mostró durante su cautiverio.

Y en segundo lugar, porque su cadáver pesaba aproximadamente 40 kilogramos cuando fue encontrado,[3]​[25]​ lo que muestra claras señales de que no podría tener la vitalidad suficiente para realizar cualquier acto como fuera colgarse.

[21]​ La presentación habla sobre la amnistía encubierta para los guerrilleros y que los jueces promueven la misma «inspirados por un evidente propósito de hostilidad».

De esto culpa a que «la soberbia armada no ha muerto, está exultante, aunque parezca mentira».

[21]​Por último, Arturo Larrabure cita una carta de Oscar del Barco, antiguo militante del ERP, sosteniendo que «Santucho, Firmenich, Quieto y Galimberti, por una parte, y Menéndez, Videla o Massera, por la otra» eran lo mismo.

Luego, el juez Sutter Schneider otorgó la intervención a la Fiscalía General, la cual en un primer momento devolvió las actuaciones al juzgado, por «no verificarse los requisitos para la consulta que se efectuaba».

Sin embargo, luego el juez volvió a correr vista al fiscal general federal de Rosario, Claudio Palacín, sin respaldo normativo para dicha consulta, y realizando un cambio injustificado de la ley procesal al caso.

Los fiscales de Rosario Saccone y Moisés Vázquez opusieron un planteo de nulidad sosteniendo que los delitos atribuidos a una organización guerrillera no encuadran en esa calificación, que está reservada a los casos en que ha mediado la intervención del Estado, motivo por el cual la acción penal se habría extinguido por prescripción y solamente la Cámara Federal podía habilitar la investigación.

Luego de ser derivada la causa a la unidad, el fiscal general, Jorge Auat, y el director general de la misma, Pablo Parenti, realizaron una resolución pormenorizada donde desmentían las conclusiones del fiscal Palacino y dictaminaron que: Además, sostuvieron que la opinión del fiscal general Palacino, se dieron sobre la base de «las distorsiones fácticas y normativas» y que «no solo se hicieron afirmaciones históricas carentes de sustento, sino que, inclusive, se desnaturalizaron categorías jurídicas internacionales para darle un precario sustento a la opinión analizada».

[35]​ También, desmiente la utilización como jurisprudencia la causa Milosevic, ya que «el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) no menciona expresamente conductas violatorias del derecho internacional humanitario referido a conflictos armados internos».

16.- Si en su discurso de asunción como presidente, Héctor J. Cámpora exaltó la acción terrorista y ratificó su apoyo y tolerancia a la guerrilla 28.- Si en la masacre de Ezeiza no hubo un orden público garantizado por la fuerza del Estado, sino un orden montonero concurriendo cinco mil guerrilleros armados con armas cortas.

Concretamente, si fueron un factor de poder con treinta diputados, control en las universidades, y estrechos contactos son los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz.

71.- Si entonces Castro proclamó a la guerrilla como la principal forma de lucha en América Latina.

[40]​[41]​[42]​ La diputada Alicia Gutiérrez (del partido político Espacio SI) se opuso con el mismo argumento.