También se indicaba que los funcionarios del rey, tanto en Sevilla como en otros lugares, debían proteger a los judíos.
Ferrán Martínez declaró por escrito ocho días después, en el sentido de que seguiría predicando como hasta entonces, puesto que todo lo había hecho con la autorización del arzobispo y en beneficio de la Iglesia y el rey.
El cabildo catedralicio intervino enviando dos de sus miembros al rey, al que advirtieron que la justicia civil no tenía jurisdicción sobre el arcediano, sino sólo la eclesiástica; y argumentando que la seguridad de los judíos no estaba en peligro.
Éste se negó a acudir, por lo que se le prohibió ejercer sus funciones eclesiásticas y tomar ningún tipo de decisiones judiciales, bajo pena de excomunión.
El cabildo catedralicio nombró a Ferrán Martínez vicario general.
Este envió una carta al cabildo catedralicio días después, haciendo a sus miembros responsables de todos los daños que habían sufrido los judíos, y mandándoles reconstruir o reparar a sus propias expensas las sinagogas destruidas o dañadas.
Aunque el cabildo parecía dispuesto a obedecer al rey, el arcediano, todavía máxima autoridad del arzobispado, se impuso con el argumento de que en materia eclesiástica no estaban sujetos al rey, ni podía exigirles la reconstrucción de las sinagogas.