[6] Alfonsín daba a la Ley Mucci la máxima prioridad, por lo que envió el proyecto a la Cámara de Diputados, donde el radicalismo impuso su mayoría tras una corta discusión y obtuvo la media sanción de la misma en sesiones extraordinarias.
Su intención era realizar un «reordenamiento sindical», como había anunciado Alfonsín en su discurso de asunción.
El líder sindical, quien había ganado prestigio por haber encabezado la lucha del movimiento obrero contra la dictadura mediante grandes manifestaciones y huelgas generales, le transmitió al ministro que el movimiento obrero se oponía a un proyecto para reorganizar los sindicatos que no había contado con la participación de los sindicatos.
El ministro de Trabajo y otros dirigentes radicales presionaron sobre los senadores independientes, no radicales ni justicialistas, con lo que lograron el efecto contrario al buscado: éstos votaron en contra del proyecto.
[6] Alfonsín anunció que se mantendría en vigencia la ley 22.105, promulgada por la dictadura y fuertemente cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo.
Fue reemplazado por Juan Manuel Casella, un dirigente radical sin ningún contacto con el sindicalismo peronista.