Abarca a los distintos organismos y dependencias que integran el Poder Ejecutivo, así como las administraciones municipales.

En este artículo está utilizado como especie del concepto más amplio de Estado.

La realización de gastos incumpliendo estas reglas constituye un delito contra la Administración Pública, establecidos en el Código Penal.

En general tienen leyes especiales que contemplan sistemas de ingreso por concurso, prohibición del despedido sin causa justa ni sumario previo.

[3]​[4]​ También se consideran parte de la administración pública los funcionarios a nivel departamental y municipal; en Uruguay suman casi 40.000.