[2] La investigación interna no prosperó esencialmente porque, de hecho, en el momento que llegó la información a la contraloría del canal, la denunciante no pertenecía a la cadena televisiva.
[3] El Gobierno de Chile se hizo parte en el proceso judicial para poder establecer las condenas necesarias para que estos hechos sean sancionados por la justicia.
[5] El escándalo provocó muchas acusaciones similares contra hombres poderosos en la industria audiovisual chilena, desatando una reacción en cadena similar a la ocurrida en Estados Unidos y otros lugares del mundo luego del destape de las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein en octubre de 2017.
La petición se basaba en la aplicación del derecho al olvido.
[13] En tanto, las cadenas Mega y Canal 13, presentan un protocolo ante abuso sexual a sus trabajadores.