Este concepto puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión e información.
El derecho al olvido o derecho de supresión, es aquel por el que los ciudadanos pueden solicitar que sus datos personales sean suprimidos cuando estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita.
Además, podrá solicitar el bloqueo de los vínculos que conducen a la información en los buscadores.
El derecho al olvido se ha difundido ampliamente en muchos países con la cuestión de los informes crediticios.
La primera norma en tratarlo fue la Fair Credit Reporting Act aprobada por el Congreso Federal en 1970 en los Estados Unidos, que admite en ciertas situaciones la eliminación de la información antigua o caduca.
A su vez la Agencia podrá, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, estimar nuestra pretensión o no.
En caso de que la decisión sea desestimatoria y no estemos conformes, podremos recurrirla ante los Tribunales.
El problema aquí era claro: la gente contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan algunos años, el crédito está prescripto, el banco no puede reclamar, pero el poder de la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora.
La persona tiene la opción de pagar la deuda (prescripta) para que lo borren y así poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la información negativa.
La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede lograr borrar el pasado.
La privacidad y el anonimato en internet se han postulado como nuevos derechos humanos de la cuarta generación.
La sentencia se basa en la idea de que las personas tienen derecho a controlar su información personal y decidir si debe ser accesible al público.
La información permanece en la fuente original y seguirá siendo accesible a través de búsquedas realizadas con palabras o términos distintos al nombre del afectado.
Para ejercer este derecho, el ciudadano debe presentar una solicitud al motor de búsqueda o sitio web que aloja la información, incluyendo una justificación del motivo por el cual se desea que se elimine o desindexe la información.
En primer lugar, es necesario dirigirse a la entidad que está tratando los datos, en este caso el buscador.
Los buscadores más comunes han habilitado formularios para recibir estas solicitudes (Google, Bing o Yahoo).
El derecho al olvido permite a los afectados exigir la cancelación del tratamiento de sus datos personales cuando haya transcurrido un tiempo suficiente que haga inadecuada su publicación.
Sin embargo, la aplicación del derecho al olvido no es tarea fácil y presenta riesgos, como la posibilidad de borrar o reescribir la historia a la medida de cada cual y la incidencia negativa sobre la transparencia que debe acompañar a toda información.
El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos establece tres apartados: el primero de los cuales reconoce el derecho al olvido y establece los casos en los que se puede ejercer, el segundo apartado establece la obligación del responsable del tratamiento de los datos personales ante el ejercicio válido del derecho al olvido, y el tercer apartado especifica los casos en los que el derecho al olvido no se justifica.
[15] Google ha formado un Consejo Asesor compuesto por varios profesores, abogados y funcionarios gubernamentales de toda Europa para proporcionar directrices para estas decisiones.
Las directrices establecidas por los reguladores de la Unión Europea no se publicaron hasta noviembre de 2014, pero Google empezó a tomar medidas al respecto mucho antes, lo que (según un autor) le permitió "moldear la interpretación a [sus] propios fines".
[16] En mayo de 2015, ochenta académicos pidieron más transparencia a Google en una carta abierta.
Los denunciantes han sido nombrados en los comentarios de las noticias en relación con esas desvinculaciones.
[31] Esta filtración de datos provocó graves consecuencias sociales para Google, ya que el público expresó su indignación y temor por la información que se había hecho pública recientemente.
Aunque sólo el 5% de las solicitudes fueron realizadas por delincuentes, políticos y personajes públicos, el contenido eliminado fue lo que más miedo provocó.
Google accedió a eliminar tres resultados de búsqueda que contenían su información personal.
[32] La Unión Europea ha presionado para que Google implemente las desvinculaciones solicitadas por los ciudadanos de la Unión Europea no sólo en las versiones europeas de Google (como en google.co.uk, google.fr, etc.), sino en google.com y otros subdominios internacionales.
Su problema no acabó ahí, ya que después del incidente y de la noticia publicada por El Tiempo, se le vieron violados sus derechos a la honra y al buen nombre; al la noticia seguir publicada.
Respecto a este caso, se considera, que a la señora Gloria si se le debió otorgar el Derecho al Olvido, porque al no poderse comprobar que esta estuviera involucrada en la Trata de Blancas, ésta debía ser liberada de toda pena.
No obstante, el acceso a dicha información y los datos personales del contenido están sometidos a los principios legales administrativos con miras de proteger el derecho a la intimidad, derecho al trabajo o la reinserción de la persona en la sociedad, es decir, con los parámetros legales establecidos se asegura que no se revelen datos que expongan la identificación de las personas en cuestión.