Esta normativa estableció un gobierno de transición a través de una ruptura del orden institucional,[1]​ donde se disolvieron la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo y se declaró la suspensión de la fiscal general, contralor general, los gobernadores y alcaldes electos en las elecciones regionales,[2]​[3]​ concentrando todo el poder público en Pedro Carmona.

[1]​ Pedro Carmona le hizo una llamada telefónica al jurista Allan Brewer Carías para pedirle que revisara el borrador del decreto, con el cual estuvo en total desacuerdo y en cuya redacción no participó por considerar que la propuesta se apartaba del constitucionalismo y violaba la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El día que se promulgó, el decreto instaba:[7]​"Señoras y señores, a los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso.

[14]​ En enero de 2008, Chávez anunció la amnistía para los firmantes del decreto Carmona.

[4]​ El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales escribió que fue un decreto autoritario como pocas veces se habían visto en la historia del país, y que este le dio al gobierno de facto un carácter supra-legal, conformando una dictadura de carácter plutocrático.