[3]​ Según El Nacional, Anderson se describió a sí mismo como un izquierdista radical.

Llevó a cabo acciones penales por derrames petroleros en el año 2002 y cierres preventivos del Parque Nacional El Ávila.

Anderson recibió acusaciones de extorsionar a quienes amenazó con procesar para que se retiraran los cargos.

[3]​ Después del asesinato, las autoridades venezolanas iniciaron una investigación de alto nivel que identificó a dos exagentes de policía que supuestamente estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida, Otoniel y Rolando Guevara.

El mismo día que los hermanos Guevara fueron detenidos, otros dos sospechosos en el caso, el abogado Antonio López Castillo y el exagente de policía Juan Carlos Sánchez cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados.

[8]​ Posteriormente, la investigación se amplió en busca de los organizadores y autores intelectuales del asesinato.

[10]​ El fiscal general para ese momento, Isaías Rodríguez, prohibió difundir información sobre el caso Anderson a la prensa nacional que organizaba una investigación paralela sobre Vásquez de Armas mientras el caso se encontraba inconcluso.

[15]​ Estas investigaciones han sido rechazadas por la mayoría de los familiares y personas cercanas al fiscal Anderson así como por el gobierno.

En 2012, Isaías Rodríguez, como exfiscal, expone sobre el caso que las pruebas fundamentales están en Colombia; e incluso afirma que el gobierno de Álvaro Uribe y su fiscal torpedearon el sano curso de la investigación.