La legislación de países como Argentina, España y México prefiere frente a este anglicismo la denominación acoso mediático.
[1] Su intención es degradar, desprestigiar y/o desacreditar con una campaña difamatoria y machacona de medios de comunicación a una o más figuras públicas o populares.
[2] Existe porque asegura una impunidad pública masificada que proporcionan medios como Internet, donde no es necesario identificarse para calumniar (de hecho, firmar con sobrenombre ya es una mentira).
Según el sociólogo Buen Abad, Se prevalece de la libertad de expresión y por ello se proyecta primariamente contra figuras públicas; con estas intenciones puede llegarse incluso a la guerra memética.
Si se realiza contra individuos corrientes se trata de un delito: acoso, mobbing o mero linchamiento digital.