Aunque el gobierno cubano no publica estadísticas oficiales sobre delincuencia, [1] Cuba es considerada uno de los países más seguros de América Latina . Los delitos con armas de fuego son prácticamente inexistentes, el tráfico de drogas se ha reducido en gran medida y la intervención policial en situaciones de crisis está por debajo de la media. [2] Las tasas de homicidios también están por debajo de las de la mayoría de los países latinoamericanos, con una tasa de homicidios intencionales de 5,00/100.000 habitantes (572 homicidios intencionales) en 2016, más baja que la de cualquier otro país de la región. [3]
La evolución histórica, política y económica de Cuba ha tenido un gran impacto en los tipos y la prevalencia del delito en el país. La Revolución Cubana liderada por Fidel Castro marcó el comienzo del gobierno del Partido Comunista en Cuba, que sigue siendo el único partido gobernante de Cuba hasta el día de hoy. Bajo el sistema socialista, el gobierno se ha centrado en la prevención del delito a través de esfuerzos como la policía comunitaria, la educación y los programas sociales. [4] El gobierno también se ha centrado en abordar las causas fundamentales del delito, como la pobreza y la desigualdad, y promover la cohesión social y la solidaridad entre los ciudadanos. [5]
Al mismo tiempo, la naturaleza autoritaria del régimen ha permitido la estricta vigilancia de sus ciudadanos, lo que ha suscitado interrogantes sobre las violaciones de las libertades civiles en los intentos del gobierno de reducir el crimen. [6] El gobierno también ha utilizado la fuerte presencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), para mantener el orden social y prevenir el crimen. [7] El control del gobierno sobre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida su estructura, operaciones y difusión de información, [8] ha dado lugar a una disponibilidad limitada de estadísticas oficiales sobre el delito y a preocupaciones sobre la fiabilidad de la información comunicada por el Estado. [5] Estos factores dificultan la evaluación precisa de la situación de la delincuencia en Cuba.
La historia de Cuba ha estado marcada por diversos cambios políticos y sociales, entre ellos la colonización , las luchas por la independencia , las revoluciones y los desafíos económicos. Estos factores han influido en el panorama delictivo en Cuba.
Durante el período colonial, Cuba fue una colonia española y experimentó altos niveles de delincuencia, incluida la piratería , el contrabando y el comercio ilegal de esclavos . [9] [10] [11]
Por ejemplo, a pesar de que España declaró la abolición de la trata de esclavos en sus colonias en 1811 a través de la Constitución Española de Cádiz, [12] la esclavitud persistió en Cuba durante el resto del siglo. Una de las principales razones de la persistencia de la esclavitud en Cuba fue la próspera industria azucarera de la isla, que dependía en gran medida de la mano de obra esclava. [13] La creciente demanda de mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar también condujo a un aumento del comercio ilegal de esclavos, ya que los propietarios de las plantaciones y los comerciantes importaban personas esclavizadas de África a pesar de que estaba prohibido. [13] Además, el gobierno español en Cuba no hizo cumplir activamente la prohibición de la esclavitud, y hubo una corrupción generalizada entre los funcionarios locales que hicieron la vista gorda ante el comercio ilegal de esclavos. [14] Los ricos plantadores de Cuba tenían una influencia y un poder significativos, lo que obstaculizó aún más la aplicación de la prohibición de la esclavitud. [14]
Mientras tanto, las leyes, crímenes y castigos pertinentes a Cuba fueron enumerados en las Leyes Penales de la Isla de Cuba, emitidas por España. [15] Las penas por los delitos fueron subclasificadas como penas corporales (incluyendo la ejecución por garrote en un cadalso), penas correccionales, penas leves, penas comunes a las tres clases anteriores y penas accesorias. [15] Muchos delitos fueron descritos en el documento, bajo varios Títulos y Artículos tales como:
Después de obtener la independencia de España en 1902, Cuba experimentó inestabilidad política , corrupción y actividades del crimen organizado , particularmente durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos, cuando La Habana se convirtió en un destino popular para los turistas estadounidenses que buscaban alcohol. [16] La inestabilidad política, junto con la afluencia de turistas estadounidenses en busca de salidas, creó un entorno propicio para que el crimen prosperara, y el contrabando de drogas, la prostitución y los juegos de azar ilegales se volvieron desenfrenados. [16]
Entre 1902 y 1952, Cuba enfrentó frecuentes cambios en su gobierno (múltiples revoluciones, intentos de golpe de Estado y cambios en el poder) que llevaron a períodos de anarquía y aumento de la violencia. [17] Los factores económicos también jugaron un papel en la configuración de la delincuencia en Cuba durante este período. El país experimentó disparidades económicas, con una pequeña clase de élite adinerada y una gran población pobre, lo que condujo a desigualdades sociales y pobreza. [17] Se dice que las dificultades económicas y la falta de oportunidades para las poblaciones marginadas contribuyeron a la ocurrencia de delitos contra la propiedad, como el robo y el hurto, así como otras formas de delitos económicos.
Al mismo tiempo, los inversionistas y empresarios estadounidenses, incluidos algunos con vínculos con el crimen organizado, establecieron una presencia significativa en la industria hotelera de Cuba, incluida la propiedad de casinos. [18] Muchos de estos casinos de propiedad estadounidense en Cuba se hicieron notorios por su asociación con actividades ilegales, [19] con la mafia y otras bandas criminales de los Estados Unidos usándolos como base para varias operaciones ilícitas. [20] Por ejemplo, el juego ilegal, incluidos los juegos amañados y las apuestas ilegales, estaba desenfrenado en estos casinos de propiedad estadounidense en Cuba. [21] La prostitución y otras formas de crimen organizado, como el tráfico de drogas, también florecieron dentro y alrededor de estos establecimientos. [22] Los elementos criminales involucrados en estas actividades a menudo recurrían al soborno, la extorsión y otras prácticas corruptas para mantener sus operaciones y evadir la aplicación de la ley. [23]
En el período en que Cuba estuvo bajo el control del dictador Fulgencio Batista, entre 1952 y 1959, el crimen y la corrupción eran omnipresentes en el país. [24] El régimen de Batista no hizo más que exacerbar el problema, al ser acusado con frecuencia de participar en prácticas corruptas, como malversación de fondos y soborno, que alimentaron aún más la cultura del crimen y la corrupción en Cuba durante ese período. Existen numerosos relatos y denuncias de corrupción, incluidos malversación de fondos y soborno, contra el gobierno de Batista durante ese período. [25] Se dice que tales prácticas contribuyeron a la cultura del crimen y la corrupción en Cuba durante el gobierno de Batista. [25]
Después de que Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959, el país experimentó cambios significativos, incluida la implementación de políticas socialistas y el establecimiento de un gobierno comunista. [26] Como parte de la revolución de Castro, hubo esfuerzos para eliminar la corrupción y el crimen en Cuba. [27]
El nuevo gobierno cubano implementó medidas para acabar con las actividades delictivas, incluyendo el juego ilegal, el tráfico de drogas y el crimen organizado. [28] El gobierno de Castro nacionalizó industrias, incluyendo la industria hotelera, lo que llevó al cierre de muchos casinos y clubes nocturnos de propiedad estadounidense. [29] El gobierno cubano también implementó programas sociales destinados a proporcionar educación, atención médica y oportunidades de empleo a la población, con el objetivo de abordar los problemas sociales y económicos subyacentes que a menudo se asociaban con el crimen. [30]
Además, el gobierno de Castro estableció un fuerte aparato de seguridad, incluido el Ministerio del Interior, que era responsable de hacer cumplir la ley y mantener el orden social. [31] Esto incluyó la creación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que cumplió un papel en la lucha contra el crimen y el mantenimiento de la seguridad pública. [32]
En la actualidad, el sistema de justicia penal cubano sigue basándose en un marco jurídico socialista centrado en la prevención, la rehabilitación y la participación comunitaria. El código penal hace hincapié en los valores colectivos y la justicia social por encima de los derechos individuales, y se esfuerza por abordar las causas fundamentales del delito, como la pobreza y la desigualdad social. [33] El sistema de justicia cubano está muy centralizado, con una única fiscalía y un sistema judicial que supervisa todos los casos penales, y está politizado, ya que el Partido Comunista ejerce una influencia significativa sobre las decisiones y los nombramientos judiciales. [33]
Sigue habiendo preocupación por la falta de garantías del debido proceso en el sistema de justicia penal cubano, incluido el acceso limitado a la representación legal y el uso de la prisión preventiva para forzar confesiones a los sospechosos. [33] También falta transparencia, con un acceso limitado a la información sobre los procedimientos judiciales y las decisiones de sentencia.
En general, las tasas de criminalidad en Cuba han disminuido significativamente desde 1959. [34] Dicho esto, la delincuencia sigue presente en diversas formas en Cuba hoy en día. Además, el enfoque del gobierno cubano para hacer cumplir la ley ha sido objeto de controversia y críticas, con acusaciones de represión política y violaciones de los derechos humanos. [35] Además, el estricto control del gobierno cubano sobre los medios de comunicación y las limitaciones al acceso a la información dificultan la obtención de datos precisos e imparciales sobre la delincuencia en Cuba después de 1959 y la información puede variar mucho según la fuente.
Las tasas de homicidios en Cuba son relativamente bajas, con un estimado de 4,2 homicidios por cada 100.000 personas en 2019. [36] Los homicidios en Cuba siguen siendo bastante raros, generalmente el resultado de disputas interpersonales o violencia doméstica. [37] Los delitos violentos en general son relativamente bajos en Cuba en comparación con otros países, y el gobierno mantiene una presencia policial visible en las zonas urbanas. [37]
Sin embargo, debido al limitado acceso público a las estadísticas sobre delincuencia y a la falta de transparencia en el sistema de justicia penal, el número exacto de homicidios y la tasa de homicidios siguen siendo cuestionables. Además, persisten las preocupaciones sobre la eficacia del sistema de justicia penal cubano para abordar los delitos violentos y los recursos limitados disponibles para los servicios de apoyo a las víctimas. [37] Se dice que las víctimas de delitos violentos en Cuba, en particular las de comunidades marginadas o vulnerables, enfrentan obstáculos para acceder a la justicia y recibir servicios de apoyo, como la falta de recursos, el acceso limitado a la representación legal, las barreras lingüísticas, la discriminación y otros desafíos socioeconómicos. [38]
La prostitución es ilegal en Cuba, pero sigue siendo un fenómeno generalizado, en particular en las zonas turísticas. Muchas mujeres se dedican al trabajo sexual como medio de supervivencia o para complementar sus ingresos, y existe preocupación por la explotación y el tráfico de mujeres y niñas en la industria del sexo en Cuba. [39] Cuba es a la vez país de origen y de destino de la trata de personas, incluida la trata sexual de ciudadanos cubanos y extranjeros.
El gobierno cubano ha tomado algunas medidas para abordar la trata de personas, incluida la promulgación de una ley en 2014 que penaliza la trata y establece mecanismos para identificar y ayudar a las víctimas. [39] Sin embargo, existen preocupaciones sobre la falta de transparencia y cooperación del gobierno con los esfuerzos internacionales contra la trata, así como los recursos limitados disponibles para los servicios de apoyo a las víctimas. [39] Además, se ha acusado al gobierno cubano de no cumplir plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata. [39]
El tráfico de drogas en Cuba tiene una historia compleja, influenciada en gran medida por la ubicación geográfica del país en el Caribe . La proximidad de Cuba a América del Sur y del Norte la ha convertido en un punto de tránsito para las rutas del narcotráfico, y su historia como importante centro de comercio y transporte ha jugado un papel en el desarrollo del tráfico de drogas en la región. [40]
Durante el siglo XIX y principios del XX, Cuba fue un importante productor y exportador de azúcar y tabaco, que se cultivaban en grandes plantaciones y requerían una importante fuerza laboral. Esto creó un entorno en el que el tráfico de drogas, en particular en forma de contrabando de drogas ilegales como la cocaína y la marihuana , podía prosperar debido a la facilidad de transportar mercancías dentro y fuera de la isla. [41]
Después de la Revolución cubana de 1959, el giro del gobierno cubano hacia el socialismo y su tensa relación con los Estados Unidos llevaron a un mayor control gubernamental sobre varios sectores de la economía, incluido el tráfico de drogas. El gobierno cubano implementó leyes estrictas contra las drogas y tomó medidas enérgicas contra las actividades de tráfico de drogas, lo que incluyó un aumento de la vigilancia en puertos, aeropuertos y a lo largo de la costa, así como la cooperación con agencias internacionales de aplicación de la ley para combatir el tráfico de drogas. [42]
En la actualidad, Cuba no es un productor, consumidor o punto de tránsito importante de drogas ilegales. [43] El estricto control del gobierno cubano sobre sus fronteras y espacio aéreo ha contribuido a una incidencia relativamente baja de actividades de tráfico de drogas. [44] El gobierno también ha lanzado campañas de concienciación pública sobre los peligros del consumo de drogas y ha implementado programas de tratamiento de drogas para personas que luchan contra la adicción. [43] Sin embargo, hay informes ocasionales de tráfico de drogas a través de Cuba, que a menudo involucran pequeñas cantidades de cocaína o marihuana para consumo local o transporte posterior a otros países.
La violencia doméstica es un problema importante en Cuba, donde muchas mujeres sufren abusos por parte de sus parejas o familiares. Las organizaciones de derechos de las mujeres en Cuba informan de un elevado número de casos de violencia doméstica, en los que muchas mujeres sufren abuso físico, sexual y psicológico por parte de sus parejas. [45] Se dispone de información limitada sobre la prevalencia exacta de la violencia doméstica en el país, ya que el gobierno históricamente ha dudado en reconocer el problema y hay pocas investigaciones al respecto.
El Gobierno cubano ha adoptado algunas medidas para abordar la violencia doméstica, incluida la promulgación de una ley en 2013 que penaliza la violencia de género y establece mecanismos para que las víctimas denuncien los abusos y reciban servicios de apoyo. [46] Sin embargo, existen preocupaciones sobre la aplicación de la ley y la disponibilidad de servicios de apoyo para las víctimas, en particular en las zonas rurales.
La tasa de corrupción de Cuba es moderada, como lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2012, que ubicó al país en el puesto 58 entre 176 países, empatado con Jordania y Namibia. [47] En comparación con otros países del Caribe y América Central, Cuba obtuvo un desempeño relativamente mejor en términos de corrupción percibida.
El gobierno ha hecho esfuerzos para combatir la corrupción y en los últimos años se han dado casos de captura de individuos corruptos. [47] En 2019, Cuba aprobó una nueva ley de lucha contra la corrupción, que incluye medidas como el establecimiento de un Comité Nacional para Prevenir y Combatir la Corrupción, la creación de unidades especializadas en la lucha contra la corrupción dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la exigencia de que los funcionarios públicos declaren sus bienes. [48] [49]
También en 2019, el gobierno cubano lanzó la “Operación Huracán”, una campaña anticorrupción de alto perfil destinada a abordar la corrupción dentro del sector público. [50] La operación resultó en la detención y el procesamiento de varios funcionarios de alto rango, incluido el ex viceministro del Ministerio del Interior y otros funcionarios del gobierno, por cargos de corrupción y soborno. [50] En los últimos años, ha habido otros casos de destitución y procesamiento de funcionarios del gobierno sospechosos de corrupción. Por ejemplo, en 2020, el director de la empresa estatal de combustibles, CUPET, fue destituido de su cargo y procesado por cargos de corrupción.
Bajo el régimen socialista de Fidel Castro, ciertas actividades que normalmente se consideran legales y/o permisibles en los países democráticos fueron posteriormente criminalizadas en Cuba. Por ejemplo, la posesión de materiales "antirrevolucionarios" o la participación en negocios del sector privado se convirtieron en ilegales en Cuba, aunque normalmente estarían permitidos en la mayoría de las democracias, y el castigo por estas violaciones variaba enormemente según la gravedad de la infracción, así como las leyes específicas vigentes en ese momento. [51] Esto refleja el diferente enfoque de la gobernanza y el sistema legal en Cuba en comparación con los países democráticos, donde la definición de delitos y sus correspondientes sanciones pueden diferir debido al contexto ideológico y político del país. [52]
A continuación se enumeran algunas de esas actividades que fueron criminalizadas bajo el régimen de Fidel Castro y siguen estando criminalizadas hasta el día de hoy.
El régimen de Castro ha reprimido durante mucho tiempo la disidencia política, criminalizando actividades como organizar o participar en protestas, expresar opiniones críticas con el gobierno o formar grupos de oposición. Quienes se han pronunciado en contra del gobierno o han abogado por reformas democráticas han sido arrestados, encarcelados y hostigados por las fuerzas de seguridad del Estado, y se han utilizado cargos como "actividades contrarrevolucionarias" o "propaganda enemiga" para silenciar las voces disidentes. [35] [53] [54]
El régimen de Castro ha criminalizado la posesión o distribución de materiales considerados "antirrevolucionarios" o críticos con el gobierno, incluidos libros, periódicos o contenidos en línea. Las personas a las que se les ha encontrado ese tipo de materiales han sido acusadas de "difundir propaganda enemiga" o "insultar los símbolos de la revolución" y han sido objeto de censura, confiscación de materiales e incluso de prisión. [35] [55] [56]
El régimen de Castro ha controlado estrictamente los medios de comunicación en Cuba, con una estricta censura estatal y control sobre todas las formas de comunicación. El periodismo independiente que desafía la narrativa oficial del gobierno o expone la corrupción o los abusos de los derechos humanos ha sido criminalizado, y los periodistas enfrentan acoso, detención y prisión por cargos falsos como "difundir noticias falsas" o "subversión contra el estado". [35] [55] [56]
Los activistas de derechos humanos que han tratado de documentar y crear conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, incluidas cuestiones como las detenciones arbitrarias, la falta de libertad de expresión y de reunión y el maltrato de los presos, han sido objeto de criminalización y persecución por parte del régimen de Castro. Se han utilizado cargos como "alteración del orden público" o "incitar a la subversión" para silenciar a los defensores de los derechos humanos e impedirles que aboguen por la protección de los derechos humanos. [57] [58] [59]
El régimen de Castro ha controlado estrictamente los viajes y la migración en Cuba, exigiendo a las personas que obtengan permisos de salida del gobierno para salir del país legalmente. Quienes intentan salir de Cuba sin permiso, a menudo en busca de mejores oportunidades económicas o para huir de la persecución política, han enfrentado cargos penales como "emigración ilegal" o "deserción" y han sido sujetos a castigos, incluyendo prisión y confiscación de bienes. [57] [58] [60]
En Cuba, el jineterismo es una categoría de actividades económicas ilegales o semilegales relacionadas con el turismo en Cuba . Abarca una amplia gama de actividades, entre ellas la prostitución y el proxenetismo, así como otras formas de estafa, como la venta de productos falsificados y en el mercado negro , la prestación de servicios de taxis privados y la prestación de servicios de guías turísticos informales.
La palabra deriva del español jinete ("jinetear"). Jinetear , que significa "jockey", se refiere al acto competitivo de montar a caballo por una recompensa económica. Un practicante masculino es un jinetero , una jinetera . El término jineterismo se usó ampliamente en la década de 1990 como sinónimo de prostitución en Cuba , y las prostitutas eran referidas como jineteras . El Departamento de Estado de los Estados Unidos define a los jineteros como: "jockeys" callejeros, que se especializan en estafar a los turistas. La mayoría de los jineteros hablan inglés y se esfuerzan por parecer amigables, ofreciendo servir como guías turísticos o facilitar la compra de puros baratos, por ejemplo.
Las estrategias de aplicación de la ley y prevención del delito en Cuba son implementadas principalmente por el Ministerio del Interior (MININT), que es responsable de mantener el orden público, garantizar la seguridad y prevenir el delito en el país. [61] El gobierno cubano ha adoptado un enfoque multifacético para la aplicación de la ley y la prevención del delito, que incluye tanto métodos tradicionales de aplicación de la ley como enfoques orientados a la comunidad. [62]
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Cuba, incluida la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden público y la prevención del delito. [61] Son responsables de patrullar las calles, realizar investigaciones y hacer cumplir las leyes para prevenir actividades delictivas. [61] La PNR también trabaja en estrecha colaboración con otras agencias, como los servicios de inteligencia, para recopilar información y prevenir posibles amenazas a la seguridad nacional. [61]
Cuba pone énfasis en la vigilancia comunitaria, en la que los agentes del orden trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales para generar confianza, establecer relaciones y abordar las causas profundas del delito. [62] Esto incluye la participación en programas de extensión comunitaria, la creación de alianzas con organizaciones comunitarias y la participación de los ciudadanos en los esfuerzos de prevención del delito. [62]
Cuba también hace mucho hincapié en los programas sociales y educativos como estrategias de prevención del delito. [62] Estos programas tienen como objetivo abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen al delito, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y a las oportunidades de empleo, y el abuso de sustancias. Los programas sociales y educativos se consideran componentes clave de la prevención del delito, ya que se centran en abordar las causas fundamentales de la conducta delictiva y promover la inclusión social. [62] En la misma línea, Cuba hace hincapié en los programas de rehabilitación y reintegración para delincuentes como parte de su estrategia de prevención del delito. [62] El país se centra en proporcionar educación, formación profesional y apoyo psicológico a los delincuentes para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad y reducir el riesgo de reincidencia. [62]
El código penal en Cuba es un conjunto de leyes que describen el marco legal de los delitos penales y sus correspondientes sanciones en el país.
El Código Penal está vigente en Cuba desde 1879. La Ley de Procedimiento Penal está vigente desde 1889. En 1900 se crearon los tribunales correccionales para delitos y faltas menores; estos casos anteriormente pasaban a varias Audiencias para su consideración. Las penas incluían la corporal y la correccional . El uso de la pena de muerte en esa época se describía como: [63]
La pena de muerte se ejecuta por medio del instrumento conocido como garrote. La ejecución se verifica sobre una tarima de madera dentro de los muros de la cárcel, durante el día, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la sentencia; se lleva a cabo en privado y en presencia de las personas que se requiere que estén presentes y de las que están autorizadas para presenciarla por el presidente del tribunal. El cuerpo del reo permanece expuesto en la horca durante cuatro horas, y luego es entregado a sus parientes para su entierro, si lo solicitan, y el entierro debe realizarse sin ninguna pompa. La pena de muerte no se ejecutará en una mujer que esté embarazada, y no se le notificará su sentencia hasta que hayan transcurrido cuarenta días después del parto.
En 1889, el gobernador militar de Cuba revocó algunas de las disposiciones del Código Penal de España que se habían aplicado en Cuba. Entre los cambios figuraban que todo aquel que promoviera o participara en cualquier juego de azar, salvo que fuera puramente por diversión o pasatiempo, estaría sujeto a una multa; y que todo aquel que sobornara a un funcionario público con regalos, presentes, ofrendas o promesas recibiría el mismo castigo que el funcionario sobornado, salvo la privación del cargo. [64]
En 1926, Fernando Ortiz encabezó una comisión jurídica para sustituir el código penal de la época del régimen español. Siguiendo el modelo de la obra de Cesare Lombroso , Ortiz tenía una misión nacionalista en la que desarrolló una "cruzada científica contra el crimen", haciendo hincapié en la rehabilitación social en lugar de la retribución estatal. [65]
En la actualidad, el sistema jurídico cubano se basa en principios socialistas y el código penal refleja el contexto político y social único del país. [66]
El Código Penal de Cuba se rige por la Constitución de 1979, que sustituye a la creada en 1936 (el Código de Defensa Social de 1936). Establece los principios básicos del derecho penal en el país. Según la nueva Constitución, Cuba es un Estado socialista y el Código Penal está diseñado para proteger el sistema socialista, los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos. [66]
El código penal cubano clasifica los delitos en diferentes categorías, entre ellos los delitos contra el Estado, los delitos contra la persona, los delitos contra la propiedad y los delitos contra el orden público. Algunos de los delitos que se consideran delitos contra el Estado son la traición, el espionaje, el sabotaje y los actos contra la integridad y la seguridad del Estado. Los delitos contra la persona incluyen delitos como el asesinato, la agresión y la violación. Los delitos contra la propiedad incluyen el hurto, el robo y la malversación. Los delitos contra el orden público incluyen los actos que alteran el orden público, como las manifestaciones públicas sin autorización y la incitación a la violencia o la sedición. [66]
Cabe señalar también que, a partir de 1959 , muchos delitos comunes fueron reclasificados como delitos políticos. Se restableció la pena de muerte y se creó un nuevo delito penal, el enriquecimiento ilícito. La edad de responsabilidad penal se fijó en los dieciséis años.
Las sanciones por los delitos tipificados en el Código Penal de Cuba pueden ir desde multas hasta prisión y, en algunos casos, puede imponerse la pena de muerte. El Código Penal también incluye disposiciones para la rehabilitación y la reintegración de los infractores a la sociedad, haciendo hincapié en la reforma y la reeducación más que en las medidas punitivas. [66]
El Código Penal de Cuba también reconoce la importancia de proteger los derechos del acusado, incluido el derecho a un juicio justo, el derecho a la representación legal y la presunción de inocencia. El Código Penal también prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a apelar. [66]
Además del Código Penal, Cuba también cuenta con leyes y reglamentos que regulan otros aspectos del sistema de justicia penal, como los procedimientos de aplicación de la ley, el papel del poder judicial y los derechos de las víctimas. El Código Penal se actualiza y modifica periódicamente para reflejar los cambios en la sociedad, y su aplicación está a cargo del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en Cuba. [67]
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