Yara Sallam y otras 22 personas fueron acusadas de violar la ley que reglamenta las manifestaciones públicas.
Amnistía Internacional calificó el caso como "[...] otro juicio más basado en evidencia escasa y dudosa que pretende ser una advertencia clara para cualquiera que desafíe la ley de protesta de Egipto.
[Nota 1] En la práctica, esta norma habilita la restricción al derecho de protesta y ha sido utilizada para justificar detenciones arbitrarias.
Marcharon hacia el Palacio que alberga las oficinas presidenciales donde las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes y efectuaron detenciones.
[12] Durante su permanencia en prisión Yara Sallam continuó con su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Otros han estado en prisión preventiva durante más de un año sin siquiera enfrentar cargos.