El uso de estos documentos se hacía necesario para el gobierno británico debido a que en las Trece Colonias el contrabando de productos se había convertidos en una actividad económica muy común, en perjuicio de los comerciantes británicos y reduciendo el nivel de los impuestos que percibía la metrópoli.
Conforme a las leyes existentes, un funcionario real no podía registrar las bienes y propiedades de un sospechoso sin entregar un motivo lícito, pero gracias a las órdenes de asistencia los funcionarios ni siquiera necesitaban sustentar sus pesquisas sino que el privilegio dado por la Corona les permitía ejecutar sus indagaciones de modo arbitrario, siendo obligatorio prestarle ayuda en tal cometido.
Los colonos protestaron alegando que estos documentos violaban sus derechos como súbditos británicos.
Las órdenes de asistencia siguieron siendo usadas por los funcionarios británicos enviados a las Trece Colonias, tanto para la represión del contrabando como para hacer entrar en vigor las impopulares leyes de impuestos que gravaban el té, el azúcar, y que obligaban al uso del papel timbrado, aumentando las quejas de los colonos, al punto que tropas británicas enviadas de la metrópoli ocuparon Boston en 1774, donde el general Thomas Gage implantó la ley marcial para hacer cumplir las órdenes de asistencia.
La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos estableció que los registros, búsquedas y decomisos debían ser ejecutados de manera concreta y no genérica, considerando como un derecho del ciudadano la seguridad de su persona y bienes; tal norma ha tenido hasta la actualidad gran relevancia en el derecho estadounidense para la defensa del derecho a la privacidad y a la seguridad personal.