Violencia contra las mujeres en la política

Acoso y violencia política contra las mujeres también conocida como violencia contra las mujeres en política VCMP[1]​ (en: Violence against women in politics VAWP) se refiere a la violencia y acoso que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.En el año 2000 la Asociación de Concejalas de Bolivia ACOBOL impulsó la identificación del concepto "violencia y acoso contra las mujeres en el ámbito político" y la primera ley específica para prevenir y erradicar la violencia y acoso político contra las mujeres se promulgó en Bolivia en mayo de 2012 tras el asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza.La reunión fue auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU mujeres en colaboración con la Unión Interparlamentaria.El texto señala también que es en el ámbito político local donde las mujeres sufren más violencia, y de manera particular en las alcaldías.1]​ ACOBOL constató un vacío jurídico y en 2001 presentó un texto como propuesta de Ley considerando que todo acto que se inicia como acoso (conflicto en un primer momento) y no se soluciona en este estado, tendería a convertirse en violencia política en razón de género.En su introducción la Ley Modelo plantea la preocupación creciente en la región por la violencia contra las mujeres perpetrada en los espacios políticos.Se reconoce que la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia.La violencia contra las mujeres en la vida política impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y que se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en los espacios donde se toman las decisiones.El 98 % de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres.Al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes y al 53% le han restringido el uso de la palabra en sesiones.[20]​ En agosto de 2017 se publicó el informe "Violencia contra las mujeres en la política.Investigación en partidos políticos de Honduras" con análisis y recomendaciones para enfrentar el problema.Se registraron al menos 38 casos en Baja California, Chiapas, Estados México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco con agresiones, amenazas, intentos de secuestro.Según el estudio más del 60 % de las mujeres en estos países no participan en política por temor a la violencia.