Verter Recycling
El 6 de febrero de 2020 se produjo un deslizamiento del vertido que se precipitó sobre la autopista AP-8 y la carretera nacional N-634 cortando ambas, arrastrando a dos trabajadores cuyos cuerpos desaparecieron entre los residuos y provocando una grave crisis ambiental en las poblaciones de Éibar y Ermua cuyos núcleos urbanos distan pocos metros del depósito.
En aquel periodo el ayuntamiento de Zaldívar estaba gobernado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con apoyo del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y en Zaldívar había dos vertederos abiertos.
[5] El planteamiento a favor de abrir un nuevo vertedero en Eitza se mantiene por parte del PNV.
[6] Junto a José Ignacio Barinaga participa en el accionariado su sobrina Elena Susaeta Barinaga y posteriormente Pedro María Bergaretxe Agirrebeña y José Manuel Navarro Murga.
La autorización hace referencia a un vertedero emplazado en la vaguada situada en el límite oriental del término municipal de Zaldívar, en la ladera del monte Montia, concretamente en los parajes conocidos como Altzola y Motatxo.
En el incidente pierden la vida los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, que se encontraban en aquel momento realizando sus tareas habituales en las instalaciones.
Se producen denuncias y se abren procesos judiciales , impulsados por diferentes agrupaciones, organismos y administraciones públicas, por diferentes responsabilidades a los responsables de la empresa.
En mayo de 2021 la a consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, manifiesta que el Gobierno Vasco actuó de modo subsidiario y que pusieron todos los medios, sin haber escatimado nada, a la vez que afirmaba que será la empresa Verter Recycling la encargada de finalizar las labores pendientes asumiendo Verter Recycling los gastos habidos y pendientes.
Los balances de los periodos del 2012 al 2017 muestran que la compañía fue rentable proporcionando ganancias netas y dividendos a los propietarios.
Para el año 2017 había liquidado sus deudas y obtenido un beneficio neto 8.570.000 €.
José Ignacio Barinaga nació en el caserío Kondia, en cuyos terrenos se asienta el vertedero, en 1945, estudió en la escuela de Armería y con 20 años fundó su primera empresa, Construcciones Barinaga, ue se extendió con una importante red comercial.
Su único hijo, Iñaki Barinaga, fundó la empresa Automóviles Kondia en 1982 en Éibar.
Se le ha vinculado con actividades en el sector de la prostitución con los clubes Borsalino, Zapai.
También ha estado implicado en el gestiones irregulares de los vertederos Cayfer e Itziar.
El proyecto original presentado por Verter Recycling 2002 para obtener las licencias y permisos de apertura del vertedero fue realizado en el año 2004 por la empresa de ingeniería LKS Ingenierías, S. Coop perteneciente a la Corporación Mondragón.
Dicho informe, entre otras materias, analizaba el impacto ambiental de la instalación y diseccionaba su futuro funcionamiento.
Tras recibir las autorizaciones y permisos pertinentes, la dirección de la empresa encarga a la ingeniería Geiser HPC un nuevo proyecto, que basado en el anterior, lo cambia en su práctica totalidad.
En junio y julio de 2019 se realizan inspecciones rutinarias por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno en las que se detectan 23 irregularidades que comunican a la compañía para su resolución.
Ese mismo día el gobierno vasco anunciaba también el fin de los trabajos de estabilización y sellado del vertedero que venía realizando desde el incidente indicando que sería la empresa propietaria la encargada de finalizar las labores y que debe asumir los gastos ocasionados.
El de enero Verter Recycling envía a la administración un "estudio de estabilidad" firmado por la empresa Lurtek que concluía que el vertedero "era estable con la configuración actual".
Una auditoría realizada por la empresa británica Ricardo Energy & Environment por encargo del Departamento de Medio Ambiente del gobierno vasco en abril y cuyo informe fue publicado en septiembre, concluye que las condiciones fijadas a Verter en la autorización ambiental que le fue concedida en el 2007 como el seguimiento y control por parte del Departamento de Medio Ambiente se ajustó a las directivas europeas que regulan estas instalaciones y al resto de normativa aplicable, aunque las condiciones de la Autorización Ambiental "se deterioraron en 2019".
Ricardo Energy & Environment aprecia que las inspecciones realizadas están bien estructuradas y son minuciosas, y que los incumplimientos identificados tuvieron un seguimiento adecuado por parte de la Administración Ambiental con la empresa operadora del vertedero.
Por la causa abierta por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente, al hallar indicio de criminalidad en la gestión del mismo, pasando a disposición judicial al día siguiente.
[23] El viernes 24 son puestos en libertad provisional, con medidas cautelares, se les retiró el pasaporte y se les impuso la obligación de comparecer en los juzgados una vez al mes.
En ese informe no se había hallado evidencia alguna que pudiera derivar en fisuras, grietas o en un peligro de deslizamiento.
Los responsables de certificar que dichas condiciones se cumplen son la Agencia Vasca del Agua URA y el departamento de Medio Ambiente del gobierno vasco.
La empresa tenía dos Autorizaciones Ambientales Integradas, que marca los límites del sellado.
En el informe se indicaba que la empresa había modificado en el 2008 el proyecto del vertedero y en lugar de utilizar utilizar "geotextil texturizado" en ambos lados de la capa protectora e impermeabilizante para "contener la rozadura" y que los residuos estén "más sujetos al suelo", como establece la legislación, Verter Recycling utilizó, en las fases 1 y 2 este tipo de material solo en una de las partes y el la última etapa se empleó geotextil liso en ambos lados.
El acuerdo no interfiere en la segunda causa judicial que los responsables de Verter Recycling mantiene abierta por delitos medioambientales.
[14] El Gobierno Vasco da por finalizadas las labores consolidación y búsqueda del trabajador desaparecido, Joaquín Beltrán, y dicta que la empresa debe hacerse cargo de la recuperación medioambiental de los terrenos dañadas por el vertedero.
