Últimas ejecuciones del franquismo
Garmendia y Otaegui por un lado, además del sumario militar por el atentado de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández.
[1] Por la Jefatura del Estado se dictó el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo,[2] que contenía diversos preceptos procesales y penales en relación con el terrorismo.
Según su artículo 13: «El plazo legalmente establecido para poner a disposición de la autoridad judicial a un detenido podrá prorrogarse, si lo requieren las exigencias de la investigación, hasta transcurrido el quinto día después de la detención y hasta los diez días si, en este último caso, lo autoriza el Juez a quien deba hacerse la entrega.
La petición de esta autorización deberá formularse por escrito y expresará los motivos en que se funde».
Se les aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar.
La testigo principal del mismo llegó a afirmar que el acusado Baena ni siquiera se parecía al sospechoso que vio disparar al policía Lucio Rodríguez.
Los otros dos, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla, serían ejecutados por fusilamiento en Hoyo de Manzanares.
Nicolás Franco, hermano del dictador, le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión.
[17][19] En Hoyo de Manzanares los fusilamientos los hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios.
No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley.
En el País Vasco se decretó una huelga general en pleno estado de excepción, que fue seguida mayoritariamente.
Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real.
Aun así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche.
Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido.
Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llamaron a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprobó una moción de protesta contra las condenas y exhortó a los países miembros que no hicieran nada que pudiera favorecer el ingreso de España en ese organismo.
Las protestas se extendieron por todo el globo, tanto por países occidentales como orientales.
Las manifestaciones y actos de protesta, en los que se registraron fuertes disturbios, fueron numerosos.
Sin embargo, Henry Kissinger intermedió ante México y otros, para que la propuesta de suspensión española en la ONU no tuviese respaldo.
Mediante una carta formal Augusto Pinochet le manifestó a Franco "la más absoluta solidaridad del pueblo y del Gobierno de Chile con el pueblo y el Gobierno de España" ante lo que denominó como una "infame campaña internacional que enfrenta España".
