Esa decisión provocó un escándalo en Bolivia, que reclamaba gran parte de la disputada región del Chaco.
El conflicto sin resolver llevaría más tarde a la guerra del Chaco de 1932-1935.
[2] El tratado estableció que las partes tenían 60 días para solicitar mediación al presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, si no llegaban a un acuerdo sobre un árbitro.
No se permitían cambios en el territorio en disputa antes del fallo y Argentina podía continuar explotando recursos bajo su jurisdicción.
El tratado sometió el territorio entre los ríos Pilcomayo y Verde a arbitraje internacional.