Así, entre otras medidas, Ayora estableció al sucre como moneda oficial del Ecuador y contrató a una misión de expertos norteamericanos, dirigidos por Edwin Walter Kemmerer, para que estudiaran la situación monetaria y financiera del país.
A partir de las Reformas Julianas, el Estado ecuatoriano asumió la soberanía monetaria.
A partir de ese marco constitucional, la institución creció significativamente en las décadas siguientes.
Similar tendencia se produjo en los años ochenta, no obstante la crisis económica y ajuste fiscal que sacudió al país.
A ello se sumó, primero, el conflicto con el Perú y, posteriormente, el fenómeno de El Niño que destruyó parte de la infraestructura vial del país y causó enormes pérdidas en la producción agrícola.
Una crisis financiera de dimensiones sistémicas no se hizo esperar.
Ante ello, el gobierno de Jamil Mahuad intervino el banco e inició un salvataje bancario.
Concurrentemente, el Banco Central otorgó créditos de liquidez a otras instituciones con problemas similares.
Un año después otro banco importante, el del Progreso, cerró sus puertas por falta de liquidez.
Millones de ecuatorianos perdieron sus ahorros y estalló una ola migratoria, como nunca antes en la historia nacional.
Esta decisión implicó cambios trascendentes en la política monetaria del Ecuador, cerrando el ciclo iniciado por las reformas julianas que dieron nacimiento al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos.
Se precisó, además, que las entidades del sector financiero intermediarán de forma eficiente los recursos del público en función de fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable.
El mismo artículo señala que el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito.
Las instituciones de control serán autónomas, siendo sus directivos responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.
No obstante las normas constitucionales nombradas que, sin duda, garantizan su autonomía institucional, en la última década, la Superintendencia de Bancos ha sufrido recortes a sus responsabilidades y potestades supervisoras y controladoras.
Ratificando el principio constitucional, el código reconoce que la institución goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
Este documento es un instrumento válido en términos de su diagnóstico y proyección estratégica hacia el año 2024.