Es bastante común en Europa Occidental, especialmente en Luxemburgo, Suiza, Italia, España, Francia, Reino Unido, Bélgica, República Checa.
A menudo éstos están muy relacionados con el inversor que aporta la mayor parte del capital (lazos de subordinación, familiares...).
[11][12][13][14] Es también criticado el escaso poder que tiene la Agencia Tributaria para investigar posibles fraudes, supeditado siempre al consentimiento de la CNMV.
La normativa que así lo dicta, una enmienda presentada por CiU y apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto IU, fue aprobada el 30 de julio de 2005,[15] tras un periodo en el que Hacienda estuvo especialmente activa en la investigación de irregularidades en estas sociedades.
[16] La nueva ley fue criticada tanto por Hacienda[17] como por IU,[18][19] quienes consideraban que concedía, en la práctica, «inmunidad fiscal con carácter retroactivo» a las sicav.