Senatus consultum ultimum («Decreto último del Senado»), o más comúnmente conocido como, senatus consultum de re publica defendenda («Decreto del Senado en Defensa de la República») es un término latino arcaico[1] que empleaba el Senado Romano en tiempos de la República cuando ésta estaba amenazada.
No obstante, existía una controversia implícita en el decreto que residía en su brevedad.
[2] El punto crítico se alcanzó en el año 63 a. C., cuando el cónsul Marco Tulio Cicerón empleó el Senatus Consultum Ultimum y ejecutó a ciudadanos romanos que estaban implicados en la conspiración de Catilina, sin juicio, incluyendo al consular Publio Cornelio Léntulo Sura.
Julio César y otros argumentaron por su parte que el consultum no podía ignorar estas leyes fundamentales, sino que durante su duración los cónsules debían hacer todo lo posible por solventar la grave situación, pero sin salirse del marco constitucional.
Aunque las acciones de Cicerón durante la crisis recibieron un considerable apoyo popular, en el año 58 a. C., su enemigo político Publio Clodio Pulcro hizo aprobar una ley que lo condenaba al exilio, el cual sólo pudo ser derogado gracias al apoyo de Pompeyo y sus aliados.