En términos de evolución, la capacidad instalada casi se ha duplicado en los últimos 20 años y aumentado en 200 MW desde el año 2000.

[5]​ Con respecto al futuro, se espera que la demanda crezca a una tasa anual del 5% en los próximos años.

La única compañía pública que participa en la generación es CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), la cual posee el 97% de la capacidad de energía hidroeléctrica.

La compañía pública estatal CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) posee y opera el 97% de la capacidad.

[4]​ En este sector, los proyectos actualmente en marcha son los siguientes: Esta expansión de la capacidad hidroeléctrica añadiría 351 MW al sistema en los próximos 5 años, lo que representa un aumento del 76% en la capacidad actual.

La planta cuenta con una estación de monitoreo climático que le permite analizar y confirmar su correcto funcionamiento.

La compañía eléctrica con mayoría de capital estatal LaGeo, antiguamente denominada Gesal, opera las dos plantas.

La reestructuración del sector eléctrico culminó en la desagregación de la generación, transmisión y distribución; la desagregación horizontal de la generación y distribución en varias compañías fue llevada a cabo en el período 1996-2000.

El artículo 8 autoriza explícitamente la integración vertical en la generación, transmisión, distribución y suministro.

Dicha concesión, junto con la organización de un mercado spot basado en el precio, resulta sorprendente en un sistema pequeño con pocos operadores.

Para resolver este problema, en 2003 y 2004, el gobierno estableció reglas para permitir que los precios de contrato a largo plazo fijados por licitación se reflejaran en las tarifas al consumidor y para facultar al regulador a cambiar a un mercado basado en el costo si se evidenciaba la manipulación del mercado.

El CNE propondrá, gestionará y contribuirá con los organismos a cargo de la aprobación de estrategias energéticas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país en armonía con el medio ambiente.

[19]​[20]​ Este movimiento ha sido propiciado por un nuevo proyecto de gas natural a gran escala que está desarrollando Cutuco Energy Central America.

Este proyecto, junto con el Plan Puebla Panamá, tiene como objetivo la integración eléctrica de la región.

En 1996, los seis países (Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador) firmaron el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central.

[21]​ El diseño del Mercado Eléctrico Regional (MER) se realizó en 1997 y fue aprobado en 2000.

El MER es un mercado adicional superpuesto a los seis mercados nacionales existentes, con una regulación regional, en el cual los organismos autorizados por el Ente Operador Regional (EOR) realizan transacciones eléctricas internacionales en la región.

[21]​ Se espera que el proyecto esté en funcionamiento para fines de 2008.

Incluyen inversiones en instalaciones geotérmicas a través de LaGeo y su inversor estratégico, que probablemente seguirán adelante; otras inversiones en esta categoría incluyen la planta de energía Chaparral (143 millones US$).

También es importante observar que estas estimaciones son sólo para las inversiones necesarias en El Salvador.

[5]​ La inversión presupuestada en electrificación rural durante el período 2004-2009 asciende a casi 100 millones US$, financiada según se resume en la siguiente tabla:[5]​ Fuente: Banco Mundial 2006 Los proyectos de electrificación social se desarrollan principalmente a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), que funciona desde 1990.

Se ha estimado que la inversión total requerida es de 40 millones US$.

[2]​ Este proyecto se implementará a través del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET).