A tal fin los estados de la Unión Europea deben fijar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de las especies y los hábitats naturales, tomando también en consideración las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales de la población.
En esta última se establece régimen jurídico básico para la «conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución».
En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León aporta a la red Natura 2000 170 sitios con una superficie de 2 461 708 ha, lo que representa el 26,13% de la superficie total castellano y leonesa.
[4] En España son las comunidades autónomas las competente para designar los lugares y las zonas especiales de conservación.
Estas son por tanto las que elaboraron las listas de los lugares correspondientes a sus respectivos territorios.
En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León aporta a la red Natura 2000 un total de 170 sitios con una superficie de 2 461 708 ha, lo que representa el 26,13% de la superficie total castellano y leonesa.
Esta primera propuesta, se basó básicamente en los espacios naturales incluidos en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.
Esta lista está compuesta por ciento veinte lugares, y ocupa una superficie total de 1 890 597 ha, lo que significa el 20,07% del territorio regional.
También son destacables las poblaciones de águila real, aguiluchos lagunero y pálido, cigüeña negra, alimoche, urogallo cantábrico, perdiz pardilla y pico mediano que representan entre un 10 a un 70% de las poblaciones españolas.