Ante esta medida, que se unía a otras aprobadas con anterioridad —como la aplicación de tasas al comercio de la lana o los paños—, los campesinos y los burgueses reaccionaron contra los representantes de la autoridad real, llegando incluso a asesinar al procurador de la Audiencia del Corregidor en octubre de 1632.
La revuelta llegó también a impedir la reunión de las Juntas Generales de Vizcaya de 1633, reclamando que se revocasen todos los impuestos abusivos, a juicio de los marineros y campesinos, y se volviese a la exención fiscal recogida en los Fueros.
En este punto, la cuestión del embargo y el precio de la sal había quedado ya prácticamente olvidada.
La rebelión, que duró con intermitencias más de tres años, fue definitivamente sofocada en la primavera de 1634, cuando los principales cabecillas fueron detenidos y ejecutados.
En los alborotos, los amotinados sólo mataron a Domingo de Castañeda, que era el procurador de la audiencia del Corregidor.