Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia

El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia es una política pública chilena orientada a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las víctimas de desaparición forzada durante la Dictadura militar.El Estado de Chile asumirá, como primera tarea, integrar todos los antecedentes de los desaparecidos, reunida hasta ahora por distintas comisiones especiales de verdad (como las comisiones (Valech y Rettig), los tribunales de justicia, familiares de las víctimas y los gobiernos anteriores.[1]​ Se prevé que para 2024, serán destinados unos 14 mil millones de pesos para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, organismo encargado de las pericias en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.[3]​ El proceso participativo del Plan implicó la realización de 67 encuentros en todo el país, que contaron con la participación de 775 personas, y 5 seminarios con cerca de 4 mil participantes presenciales y/o virtuales.[3]​ Desde su anuncio, diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con derechos humanos se han pronunciado al respecto, entre ellas, Amnistía Internacional Chile: