Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,[1] proclamada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992, las desapariciones forzadas ocurren cuando personas son arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad por agentes gubernamentales o grupos organizados apoyados por el gobierno, y luego se niega a revelar su paradero o a reconocer que están privadas de libertad, dejándolas fuera de la protección de la ley.
La práctica de la desaparición forzada se ha convertido en un problema global, no limitado a una región específica, y ha sido utilizada en situaciones de conflicto interno como método de represión política.
La preocupación por esta práctica incluye el acoso a defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas, testigos y abogados, así como el uso de la lucha contra el terrorismo como excusa para violar obligaciones y la persistente impunidad.
[3][4] El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establecen que esta práctica, cuando es parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, constituye un crimen contra la humanidad que no prescribe.
[2] Este día se celebra anualmente el 30 de agosto.